Saiz defiende la legitimidad económica de la regularización porque la economía sumergida "daña"

La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha defendido que son muchos los sectores económicos que han aplaudido el procedimiento de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno por el papel relevante de la mano de obra extranjera: "En algo que coincidimos todos es en que la economía sumergida daña nuestro país, daña a los tejidos productivos y, fundamentalmente, menoscaba derechos a personas que están ya en nuestro país".

Lo ha dicho este jueves en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en un diálogo con la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, en Barcelona, para debatir sobre migración tras la publicación de la nota de opinión publicada por la entidad, y en la que ha defendido que la política migratoria del Gobierno es "integral y transversal".

Garcia-Milà ha subrayado la aportación de la inmigración en el crecimiento económico de España de las últimas décadas, aunque ha admitido que la magnitud y rápidez de esas llegadas "también ha puesto de manifiesto algunas limitaciones importantes del modelo actual" de crecimiento, basado en baja productividad y alta intensidad en la mano de obra.

TRIPLE LEGITIMIDAD
Junto a la económica, la ministra de Inclusión ha defendido la triple legitimidad de la medida, que incluye también la política y la social, ya que "coge el testigo" de la iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas, incluidas las de la Iglesia Católica, y fue apoyada por una amplia mayoría parlamentaria.

El procedimiento de regulación, que Saiz ha confirmado se activará a principios de abril y estará abierto hasta el 30 de junio, "va a dar derechos y va a visibilizar a personas" que ya están en España.