Generalitat valenciana dice que las resoluciones sobre empresas en la DANA están sujetas a control judicial

Lamenta "insinuaciones de carácter penal", tras la denuncia del Ministerio de Trabajo

La Dirección General de Trabajo de la Comunitat Valenciana ha asegurado este viernes que todas las resoluciones adoptadas sobre empresas relaccionadas con la DANA de octubre de 2024 están "motivadas" y sujetas al control de los tribunales, ante la decisión del Ministerio de Trabajo de instar a la Fiscalía a investigar la anulación por parte de la Generalitat de una serie de sanciones que se impusieron a empresas durante la DANA en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, para comprobar si existe un delito de prevaricación administrativa.

Fuentes de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad han respondido así a la decisión del Ministerio que dirige Yolanda Díaz de instar a Fiscalía a investigar la anulación de las sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo a empresas en la DANA, al considerar que se hizo "de forma totalmente injustificada, evitando de forma consciente la sanción a las empresas por los graves hechos puestos de manifiesto por los inspectores".

Desde la Dirección General de Trabajo de la Generalitat, se recalca que las resoluciones adoptadas se dictaron "tras la tramitación del procedimiento legalmente establecido y con base en informes técnicos y análisis jurídico de cada expediente, dentro del ejercicio legítimo de las competencias que el ordenamiento atribuye a la autoridad laboral autonómica".

En esta línea, señalan que esta Dirección General, en su condición de autoridad laboral competente, "ejerce las funciones que le atribuye la legislación laboral para resolver los procedimientos sancionadores derivados de actas de infracción levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social" y recuerdan que las actas de la Inspección de Trabajo "no constituyen sanciones firmes, sino propuestas" que deben ser "valoradas jurídicamente" por este departamento antes de dictar la resolución administrativa correspondiente.

SEIS EMPRESAS CON SANCIÓN
"Este procedimiento forma parte del funcionamiento ordinario del sistema de inspección laboral en todo el Estado, tal y como establece la normativa vigente", apunta la Conselleria. En el conjunto de expedientes relacionados con la DANA, la Generalitat Valenciana confirmó la sanción propuesta por la Inspección en seis empresas.

Al respecto, defiende que la autoridad laboral "analizó las circunstancias concurrentes en cada caso y mantuvo aquellas propuestas que consideró ajustadas a derecho, dejando sin efecto las que no se consideraron ajustadas a derecho. Esta actuación evidencia una evaluación individualizada, técnica y basada en criterios estrictamente legales".

Asimismo, sostiene que las resoluciones adoptadas "se dictaron tras la tramitación del procedimiento legalmente establecido y con base en informes técnicos y análisis jurídico de cada expediente, dentro del ejercicio legítimo de las competencias que el ordenamiento atribuye a la autoridad laboral autonómica".

En esta línea, añade que los hechos analizados se produjeron durante la dana "que afectó gravemente a la Comunitat Valenciana, un episodio meteorológico extraordinario que generó una situación de emergencia sin precedentes", un "contexto excepcional debe ser tenido en cuenta en la valoración jurídica de los expedientes, conforme a los principios que rigen el derecho administrativo sancionador".

Según la Conselleria, "la propia normativa del gobierno sobre la dana, en materia de ERTE y ayudas, la califica como un supuesto de fuerza mayor, que por propia definición, es un suceso imprevisible e inevitable".

En algunos casos, la autoridad laboral apreció la concurrencia de circunstancias vinculadas a un episodio "extraordinario de fuerza mayor", elemento que "jurídicamente excluye o limita la responsabilidad administrativa cuando los hechos se producen en un contexto de emergencia imprevisible" y, por ello, subraya que "no resulta adecuado presentar el ejercicio ordinario de las competencias administrativas como una actuación irregular o arbitraria, ni confundir propuestas de sanción con resoluciones firmes".

"Convertir un debate jurídico propio del procedimiento administrativo en insinuaciones de carácter penal supone cuestionar el funcionamiento normal del sistema de inspección laboral y de las garantías procedimentales", lamenta la Conselleria, que recalca que todas las resoluciones administrativas adoptadas "están debidamente motivadas y sujetas, como cualquier acto administrativo, al control de los tribunales".

La Conselleria asegura que el gobierno autonómico "colaborará con cualquier actuación de investigación que se pueda llevar a cabo, aportando la documentación necesaria para acreditar que las decisiones se ajustan al ordenamiento jurídico".

Para el departamento que dirige Susana Camarero, "la prioridad institucional debe seguir siendo el respeto a las víctimas de la dana, la recuperación de las zonas afectadas y la gestión responsable de una situación que impactó profundamente en la sociedad valenciana, evitando interpretaciones ajenas al análisis técnico y jurídico de los expedientes".