La Justicia de EEUU suspende el descubrimiento de activos embargables argentinos por la nacionalización de YPF

La Justicia estadounidense ha decidido suspender la orden de descubrimiento de pruebas que habría habilitado a los afectados por la nacionalización de la petrolera YPF a solicitar información sobre activos embargables del Estado argentino, como sus reservas de oro.

Según el fallo de corte de apelaciones, los titulares de la sentencia de 2023 que les reconoce una indemnización de 16.100 millones de dólares (14.009 millones de euros) por dicha expropiación tendrán que esperar antes a que un tribunal federal revise el caso.

En septiembre de 2023, la jueza de distrito Loretta Preska dictaminó que los derechos de los demandantes se habían visto efectivamente lesionados por la nacionalización y ordenó a Argentina depositar en una cuenta segura el 51% de las acciones que posee en YPF.

Sin embargo, Buenos Aires ha alegado que Preska carece de jurisdicción al recaer esta sobre la Justicia del país latinoamericano.

En este sentido, según 'Bloomberg', dos de los tres miembros de la sala de apelaciones ya expresaron dudas durante la fase de instrucción sobre la competencia de los tribunales estadounidenses en esta materia.

Por su parte, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha asegurado mediante un comunicado oficial que la decisión representa un "hito histórico" ante un asunto que ha supuesto un "enorme coste económico, jurídico y reputacional para el país".

"La resolución refleja también el reconocimiento por parte de la Justicia de Estados Unidos de los sólidos fundamentos que sustentan la posición argentina", ha añadido.

CONTEXTO
YPF fue nacionalizada en 2012 bajo el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a través de una ley aprobada en el Congreso Nacional que avalaba que el Estado se quedase con el 51% de la petrolera, la cual, hasta entonces, estaba en manos de la española Repsol.

La cuestión aterrizó en los juzgados estadounidenses en 2025 después de que los fondos Burford Capital y Eton Park presentasen una demanda tras adquirir los derechos de litigio de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora.

Estas sociedades pertenecientes al grupo argentino Petersen estaban constituidas en España y poseían un 25% del capital social de YPF en el momento de la nacionalización. Las dos firmas reclaman compensaciones al considerar que Argentina debió lanzar una OPA sobre las acciones que no pertenecían a Repsol.