Bustinduy a Airbnb: "Ninguna empresa está por encima de la ley ni de los consumidores"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha lanzado un contundente mensaje a las grandes plataformas digitales tras confirmarse que Airbnb deberá abonar una multa histórica de 64 millones de euros: "Ninguna empresa está por encima de la ley ni de los consumidores".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la solicitud de medidas cautelar presentada por la compañía, ratificando así la sanción impuesta por el Gobierno el pasado mes de diciembre por el anuncio de más de 65.000 viviendas sin licencia de uso turístico o con números de registro falsos.

Bustinduy ha asegurado que esta decisión judicial refrenda el principio de que "ninguna empresa, por poderosa que sea, está por encima de la ley ni de los derechos de los consumidores". La cuantía de la sanción equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por la plataforma

El ministro ha defendido la contundencia de la sanción impuesta a Airbnb como un cambio de paradigma frente a la "inacción" que, a su juicio, mantenía la derecha en administraciones como la de Madrid bajo el mandato de José Luis Martínez-Almeida, a quien ha acusado de "jactarse de no hacer nada" ante los 15.000 pisos turísticos ilegales de la capital.

Bustinduy ha subrayado que, pese a las voces que calificaban de "imposible" intervenir en este mercado, su departamento ha logrado concluir un expediente histórico bajo la premisa de que los alojamientos sin licencia constituyen una "lesión directa" al derecho constitucional a la vivienda, reafirmando así que en España la ley debe cumplirse y respetarse los derechos de los consumidores por encima de cualquier interés corporativo.

"Paso a paso se puede avanzar y se pueden defender los intereses de la gente común, trabajadora, de la ciudadanía frente a los intereses y la especulación de un puñado de grandes operadores que se están forrando con la crisis de vivienda", asegura el ministro.

Bustinduy ha vinculado la sanción a Airbnb con la estrategia general de protección a las familias y el control de los márgenes de beneficio de las grandes operadoras.

El ministro ha defendido el nuevo decreto ley para prorrogar dos años los contratos de alquiler que venzan en 2026, una medida que busca dar estabilidad a más de dos millones de personas frente a las "dinámicas especulativas" del mercado inmobiliario.

Además, el titular de Consumo ha advertido a las empresas de los sectores energético y de distribución de que el Gobierno no permitirá que se lucren a costa de la crisis derivada de los conflictos internacionales.

LA CNMC MONITORIZARÁ EL PRECIO DE LA GASOLINA
Según ha explicado, la CNMC monitorizará semanalmente los márgenes de beneficio para intervenir los precios si fuera necesario, asegurando que el esfuerzo fiscal de los ciudadanos llegue íntegramente a las familias y al tejido productivo español.

"Cualquier operador económico que intente o pretenda lucrarse con la crisis que estamos viviendo derivada de la guerra ilegal en Ucrania que han apoyado la derecha y la ultraderecha española lo va a pagar", concluyó.