CCOO y UGT piden al Gobierno que siga adelante con el registro horario pese al 'no' del Consejo de Estado

Avisan al Ejecutivo de que "no puede ampararse en un informe no vinculante para incumplir" sus compromisos en el diálogo social

CCOO y UGT han expresado este martes su "más profunda preocupación" y rechazo por el dictamen del Consejo de Estado contrario al proyecto de Real Decreto para la reforma del registro de jornada, al entender que el informe del órgano consultivo "introduce serias dudas y obstáculos en un ámbito donde lo verdaderamente urgente no es cuestionar la norma, sino garantizar el cumplimiento efectivo de la ley".

Así, pese al dictamen negativo del Consejo de Estado, ambos sindicatos instan al Gobierno a seguir adelante con la reforma del registro de jornada, "reforzando sus garantías y asegurando su eficacia real".

"El Gobierno no puede ampararse en un informe no vinculante para incumplir los compromisos adquiridos en el marco del diálogo social ni para renunciar a su obligación de garantizar un sistema de registro que sea verdaderamente objetivo, fiable, accesible y no manipulable. Está en juego el respeto a los derechos de 16,6 millones de personas trabajadoras y la propia equidad del sistema económico", advierten los sindicatos en un comunicado conjunto.

Asimismo, defienden que la reforma del registro horario es "imprescindible" para asegurar condiciones de competencia leal entre los 1,34 millones de empresas de España. "Las empresas que cumplen la ley no pueden verse perjudicadas frente a aquellas que basan su competitividad en el incumplimiento sistemático de las normas laborales", recalcan.

El dictamen del Consejo de Estado, al que ha tenido acceso Europa Press, cuestiona la tramitación de urgencia y el procedimiento elegido para aprobar esta reforma (Real Decreto), alegando que un proyecto de norma como éste, "en el que se trata de imponer un registro digital de modelo único para todas las empresas de España", es decir, 1.349.396 empresas, "requiere una más amplia tramitación".

En su valoración del dictamen, los sindicatos recuerdan en un comunicado conjunto que en España el fraude en materia de tiempo de trabajo es "estructural", pues cuatro de cada diez horas extraordinarias no se pagan ni se compensan (alrededor de 130 millones de horas extraordinarias al año), lo que supone un ahorro "ilícito" para las empresas de más de 3.200 millones de euros al año.

"Este volumen de incumplimiento constituye un auténtico hurto a las personas trabajadoras, pero también a la caja única de la Seguridad Social -por cotizaciones no ingresadas- y a la Hacienda Pública, al dejar de tributar salarios que deberían formar parte de la base imponible. Este fenómeno no es nuevo ni desconocido", denuncian.

CCOO y UGT señalan que, pese a que el Consejo de Estado reconoce la persistencia de incumplimientos "masivos" en materia de jornada y horas extraordinarias y su impacto en la precarización laboral y en la financiación del sistema de protección social, su dictamen "parece desviar el foco de lo esencial".

"Lo que debería preocuparle no es el instrumento, sino el incumplimiento de la ley. Resulta incomprensible que, ante un fraude de esta magnitud, se introduzcan cautelas que pueden terminar amparando zonas de impunidad, cuando el sistema actual de registro horario ha demostrado ser claramente insuficiente y, en buena medida, fracasado", sostienen los sindicatos.

EL CELO DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS
CCOO y UGT han subrayado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado que los sistemas de registro de jornada deben ser "objetivos, fiables y accesibles". "Y, sin embargo, el modelo vigente en España no cumple plenamente estos requisitos, lo que ha motivado ya reproches desde instancias europeas", alegan.

Precisamente, los sindicatos defienden que este proyecto de Real Decreto pretendía precisamente avanzar en esa dirección, reforzando la trazabilidad y evitando la manipulación de los registros.

A CCOO y UGT les resulta "especialmente llamativo el celo del Consejo de Estado en materia de protección de datos". Lo cierto es que el dictamen incluye un informe desfavorable de la Agencia Española de Protección de Datos al estimar que no se cumplen las exigencias propias de la reserva de ley en la materia.

Para los sindicatos, la preocupación por la privacidad "parece, en este caso, invertida". "No se protege a las personas trabajadoras, sino que se corre el riesgo de proteger la identidad de las empresas incumplidoras, dificultando el acceso efectivo de la Inspección de Trabajo a los registros de jornada", advierten.

En este sentido, CCOO y UGT señalan que si este criterio se llevara al extremo, "cabría preguntarse si también debería limitarse el acceso de la Inspección de Hacienda a la contabilidad empresarial, en nombre de la protección de datos, impidiendo conocer los ingresos reales o las bases imponibles".

"El paralelismo evidencia el absurdo: no puede utilizarse la protección de datos como coartada para obstaculizar el control del cumplimiento de la ley", apuntan los sindicatos.

Para ambas organizaciones, también resulta "profundamente preocupante" la insistencia en remitir estas cuestiones a ámbitos ajenos al estricto cumplimiento de las normas básicas laborales, "como si el cumplimiento de la legalidad -el respeto a la jornada máxima, el pago de las horas extraordinarias o su cotización- fuera negociable".

"¿De verdad considera el Consejo de Estado que derechos esenciales como el pago del salario o el cumplimiento de la jornada pueden quedar al albur de la negociación? La negociación colectiva es un instrumento fundamental, pero no puede sustituir ni relativizar el respeto de normas imperativas básicas", avisan.