CEOE celebra el 'no' del Consejo de Estado al registro horario e insta a Trabajo a respetar su dictamen

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha expresado su satisfacción por el dictamen desfavorable del Consejo de Estado al proyecto de Real Decreto de reforma del registro horario, al recoger en él muchas de sus alegaciones, entre ellas el aumento de costes que supondría su puesta en marcha, que cifra en más de 867 millones de euros.

Fuentes de la patronal consultadas por Europa Press consideran que el Ministerio que dirige Yolanda Díaz debe respetar el dictamen negativo del Consejo de Estado, en el que se contemplan "de manera muy amplia y, en algunos casos de forma literal", la mayoría de las alegaciones que presentaron CEOE y Cepyme a este proyecto.

En concreto, las fuentes consultadas recuerdan que alegaron al proyecto nulidad por vulneración de la reserva de ley y el derecho a la protección de datos. "En ambos casos, entendemos que el proyecto de Real Decreto incumple el principio de jerarquía normativa y que lo que pretende no se puede hacer a través de un reglamento", apuntan.

Asimismo, y tal como recoge el dictamen del Consejo de Estado, la norma propuesta "impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria".

En materia de protección de datos, el dictamen, apoyado en las consideraciones de la Agencia Española de Protección de Datos, confirma que lo que la norma pretende "supondría una utilización masiva de datos personales especialmente protegidos", como señalaron las organizaciones empresariales.

La patronal ha afirmado además que el dictamen incide también en el desplazamiento de la negociación colectiva a un reglamento, en la vulneración de varios artículos del Estatuto de los Trabajadores, en la no justificación de la urgencia o en la insuficiencia de la memoria de impacto.

Al mismo tiempo, las mismas fuentes subrayan que el Consejo de Estado recoge otros aspectos ya advertidos por CEOE y Cepyme, como los costes "desproporcionados" para las empresas que supondría el nuevo registro horario, que cifra en más de 867 millones de euros, o la falta de adaptación a la realidad de los distintos sectores.

Por todo ello, la organización que preside Antonio Garamendi ha reiterado su rechazo a una norma "que adolece de un vicio de nulidad" e insta al Ministerio de Trabajo a respetar las consideraciones expresadas por el Consejo de Estado.