El Congreso pide al Gobierno que la SEPI se implique en la deuda de Tubos Reunidos, con el PSOE en contra

El Congreso ha aprobado este jueves una propuesta del PNV para pedir al Gobierno que analice la reestructuración de la deuda o la adaptación de las condiciones financieras de Tubos Reunidos con la SEPI, con el único voto en contra del PSOE.

Se trata de una propuesta que el PNV ha incluido dentro de una proposición no de ley para reforzar la competitividad y la resiliencia de la industria siderúrgica y electrointensiva. La petición de los nacionalistas ha contado con la abstención de Vox, Junts y UPN, mientras que el resto del hemiciclo, PP y Sumar incluidos, han votado a favor.

En concreto, la Cámara Baja insta al Ejecutivo a analizar en coordinación con la empresa y las administraciones competentes, la reestructuración de la deuda de Tubos Reunidos con la SEPI o la adaptación de sus condiciones financieras, vinculándola a un plan de viabilidad industrial y al mantenimiento del empleo.

Además de esa petición, el PNV también ha conseguido el respaldo mayoritario a una propuesta para que el Gobierno modifique el impuesto a la generación eléctrica del 7%, fijando su valor en 0%, con el objetivo de reducir de manera directa el precio final de la electricidad para la industria. Aquí PSOE y Sumar han votado en contra.

El Congreso ha aprobado otras peticiones de la proposición no de ley, como defender los intereses de la industria siderúrgica en el seno de la Unión Europea, especialmente en el debate sobre la regulación del mercado del acero, o garantizar que cada año se destine el 25% máximo permitido por la normativa europea de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión para compensar los costes indirectos de CO2 soportados por la industria.

También se ha aprobado una petición para reducir los cargos y peajes aplicables a los consumidores electrointensivos, promover, en el seno de la Comisión Europea, la ampliación de los sectores beneficiarios de las compensaciones por CO2 indirecto, incorporando nuevos códigos CNAE correspondientes a actividades industriales en riesgo de deslocalización; y activar los mecanismos necesarios para dar respuesta al impacto de la política arancelaria internacional sobre los sectores industriales afectados.

Por último, el Congreso insta al Gobierno a analizar el potencial que da el marco normativo europeo de ayudas para una industria limpia (CISAF) para rebajar el coste del suministro eléctrico.