Aena valorará adoptar medidas jurídicas para defender sus derechos ante el órgano bilateral con Euskadi

Aena considera que el órgano bilateral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, para la "colaboración, coordinación y gestión" de los tres aeropuertos vascos debería tener naturaleza "estrictamente consultiva", según lo previsto en la ley, y ha recalcado que encomendará a sus asesores jurídicos "la valoración de las medidas que resulte procedente adoptar" en defensa del interés de Aena y de sus accionistas.

Así lo expone la secretaria del consejo de administración de Aena, Elena Roldán, en un escrito remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde recuerda que este nuevo órgano "no puede suponer una modificación de la red de aeropuertos de interés general ni del modelo empresarial de Aena", compañía que, de acuerdo a la ley, es propietaria y responsable de la gestión de los aeropuertos de interés general, cuya competencia, a su vez, corresponde al Estado de acuerdo con la Constitución.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible emitió un comunicado el pasado viernes donde aclaraba que este órgano funcionará por consenso entre las partes y que carecerá de competencias ejecutivas, sin alterar el régimen legal de funcionamiento de Aena.

Por tanto, Transportes recalca que la creación del órgano "no modifica en ninguna forma ni la estructura en red de los aeropuertos de Aena" ni supone una modificación de los procedimientos de la Ley 18/2014 para la aprobación del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) y sus elementos principales, incluidas las tarifas aplicadas en los aeropuertos.

En esta línea, añade que se trata de una herramienta que "mejora la coordinación y cooperación" con la administración autonómica del País Vasco para "generar sinergias y alinear políticas encaminadas a conseguir unos aeropuertos más limpios, eficientes, seguros y con un alto nivel en la calidad del servicio que prestan".

Sin embargo, Aena considera que las declaraciones realizadas por el lehendakari podrían suscitar "algunas dudas" entre los accionistas y los mercados financieros sobre el alcance de lo acordado y su efecto en Aena.

En concreto, cree que la nota oficial publicada por el Gobierno Vasco contiene algunas manifestaciones sobre el acuerdo relativas a la intervención del órgano bilateral en procedimientos que afectan el funcionamiento de las infraestructuras aeroportuarias que podrían "vulnerar las normas" y afectar el funcionamiento del modelo aeroportuario español "en detrimento de los legítimos intereses de Aena y de sus accionistas públicos y privados".

MARCO LEGAL
El artículo 149.1.20 de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre los aeropuertos de interés general. En consecuencia, las competencias tanto normativas como de supervisión y regulación de los aeropuertos de interés general corresponden únicamente al Estado, desarrolladas principalmente por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), así como por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

La comunidad autónoma del País Vasco, por su parte, cuenta con competencias en materia de planeamiento urbanístico, gestión medioambiental, ordenación del transporte terrestre, intermodalidad, promoción y desarrollo económico, así como promoción del turismo.

Por otro lado, de acuerdo con la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (Ley 18/2014), la red de aeropuertos de interés general, que se considera un servicio de interés económico general, es titularidad de Aena --sociedad que cotiza en bolsa y cuyo 49% de capital social pertenece a accionistas privados-- y su gestión corresponde de forma exclusiva a Aena, estando protegida esta gestión exclusiva por la libertad de empresa consagrada en el artículo 38 de la Constitución Española.