CNMV adopta las directrices europeas para evaluar las competencias del personal que asesora sobre 'criptos'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha adoptado las directrices europeas de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) sobre los criterios que regulan la evaluación de los conocimientos y competencias del personal que informa y asesora a los inversores en criptoactivos.

El organismo aplicará estos criterios en sus labores de supervisión en virtud del Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos (MiCA, por sus siglas en inglés), según informó a través de un comunicado.

Estas directrices establecen los principios generales y los criterios que deben cumplir los proveedores de servicios de criptoactivos para asegurar que el personal que informa o presta asesoramiento sobre activos digitales cuenta con los niveles adecuados de conocimientos y competencias.

Dentro de estas directrices, la ESMA destaca que el órgano de dirección del proveedor de servicios de criptoactivos "evaluará y revisará, al menos una vez al año, la eficacia de las políticas y los procedimientos establecidos" para cumplir con la normativa y adoptará "las medidas adecuadas" para abordar cualquier deficiencia detectada en este ámbito.

Además, el personal de los proveedores de servicios de criptoactivos deberá informar a sus clientes de las principales características, riesgos y particularidades de sus servicios, así como de los tipos de costes y cargos en los que incurrirá el cliente en el marco de las operaciones con criptoactivos.

INFORMAR DE LOS RIESGOS
Los riesgos principales que deberán tenerse en cuenta incluirán, como mínimo, la volatilidad, los riesgos de ciberseguridad, aquellos relacionados con el almacenamiento inadecuado por parte del cliente de sus claves criptográficas privadas, riesgos informáticos como el mal funcionamiento de programas debido a deficiencias en el 'software' y los riesgos relacionados con las transferencias de criptoactivos.

La norma dispone que, en el plazo de dos meses desde la publicación de las directrices traducidas a las diferentes lenguas oficiales de la Unión Europea el pasado 28 de enero, cada autoridad competente debe confirmar si su intención es cumplir con ellas.