UGT impugna judicialmente el ERE de Ericsson para evitar "retrocesos" en futuros procesos

UGT ha impugnado judicialmente el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Ericsson, que afectará a 164 salidas, después de no firmar el acuerdo, que sí contó con el apoyo de STC y CCOO, según un comunicado remitido por la organización sindical a la plantilla al que ha tenido acceso Europa Press.

En el marco de esta impugnación, UGT ha promovido adicionalmente un acto de mediación ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), que se celebrará el próximo 14 de abril, con el objetivo de explorar posibles soluciones antes de la celebración del juicio.

Esta decisión, ha explicado el sindicato, responde a una valoración "profunda y responsable" del proceso, en la que han considerado "especialmente relevantes" varios factores, que pasan por "la pérdida de derechos y la discriminación existente, con respecto a procesos anteriores" y el contexto económico de la compañía que, a su juicio, "no justifica la magnitud de las medidas adoptadas", entre otros motivos.

El sindicato también se ha referido a "la ausencia de garantías para personas vetadas, que en otros procesos sí se han contemplado y que, desde nuestro punto de vista, deberían haberse considerado", la "desprotección de colectivos sensibles, que en anteriores procesos estaban completamente protegidos" y el precedente que puede suponer este proceso para futuros ajustes en la compañía.

"Nuestro objetivo con esta impugnación es claro: Defender los derechos de la plantilla. Evitar retrocesos en futuros procesos. Intentar mejorar el escenario actual en la medida de lo posible", se desprende de la carta.

COMIENZA A TRASLADAR "VETOS Y ACEPTACIONES" DE ADSCRIPCIONES VOLUNTARIAS
Además, el sindicato ha explicado que la comunicación a los empleados cobra "especial relevancia" en el momento actual, en el que la empresa ha comenzado a trasladar "vetos y aceptaciones" de adscripciones voluntarias al ERE. "Las personas vetadas en este proceso no cuentan con ningún tipo de garantía ni protección", ha explicado UGT.

Según la organización sindical, esta fase está poniendo de manifiesto una de las principales preocupaciones que trasladó durante la negociación, "que una alta voluntariedad no elimina los riesgos del proceso ni garantiza la protección de todas las personas afectadas".

"Somos conscientes de que las acciones judiciales siempre implican incertidumbre, pero también creemos que defender los derechos de la plantilla y evitar precedentes negativos es una responsabilidad que no podíamos eludir", revela la misiva.

Esta impugnación, por tanto, es coherente a juicio del sindicato "con la posición que ha mantenido durante toda la negociación y responde al compromiso de UGT con la defensa del empleo y de las condiciones laborales".

"Porque cuando se trata de derechos, no basta con vigilar el proceso: también es necesario actuar para defenderlos y preservarlos", concluye la carta.

LA PLANTILLA RESPALDA EL ERE
La plantilla de Ericsson en España respaldó el pasado mes de febrero el acuerdo sobre el recorte de empleo de la compañía, que protege a los trabajadores y garantiza que las salidas sean voluntarias, después de que concluyera el periodo de consultas del ERE, en el que UGT se desvinculó de lo pactado, mientras que CCOO y STC lograron reducir los despidos en un 8,8%.

El acuerdo suscrito por CCOO y STC --al que UGT decidió no adherirse-- contempla el cese indemnizado de 164 empleados menores de 53 años y mayores de 63, un plan de rentas para quienes tienen entre 53 y 54 años y prejubilaciones a partir de los 55.

Las personas que se ofrezcan voluntarias para abandonar la compañía recibirán una prima de 5.000 euros, mientras que los ceses indemnizados y las prejubilaciones percibirán entre 600 y 1.000 euros adicionales, en función de su antigüedad en la empresa.

Además, el acuerdo incluye un programa de recolocación de 12 meses que contempla orientación, formación y búsqueda activa de empleo, así como un seguro médico de un año para todas las personas afectadas, ampliable a tres en el caso de quienes tengan 60 años o padezcan una enfermedad grave.