El Parlamento exige prohibir que Ineco haga valoraciones técnicas de contratos tras un presunto amaño en Adif

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este jueves una propuesta del PP para pedir que se prohíba a medios propios del Gobierno, como Ineco, realizar las valoraciones técnicas de licitaciones de contratos ligados al Plan de Recuperación, después de haberse detectado dos denuncias en Adif por una posible alteración irregular de puntuaciones en informes de valoración en contratos.

Se trata de una petición que el partido de Alberto Núñez Feijóo había plasmado en una propuesta de resolución presentada al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de los procedimientos de gestión y control implantados por Adif y Adif-Alta Velocidad para la ejecución del Plan de Recuperación a 31 de diciembre de 2024.

La comisión mixta de Congreso y Senado ha examinado y votado este jueves esta petición y el resto de propuestas de resolución que PP, PSOE, Vox y Sumar habían presentado al informe de fiscalización, y ha aprobado todas las propuestas presentadas por los grupos.

En ese informe de fiscalización, el organismo presidido por Enriqueta Chicano denunciaba que la operadora de infraestructuras ferroviarias había sido poco rigurosa en la investigación de dos denuncias sobre la alteración irregular de puntuaciones en las que Ineco habría sido partícipe.

DENUNCIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
En concreto, en julio de 2022 se registró una denuncia en Ineco porque un empleado de Adif "supuestamente habría dado instrucciones a dos empleados de Ineco para cambiar sus valoraciones sobre las ofertas técnicas presentadas en tres licitaciones" de contratos vinculados a fondos europeos. Dos meses más tarde también se produjo una denuncia en Adif por una supuesta "falsificación de puntuaciones en licitaciones".

Tras las denuncias, Adif concluyó que "no existían indicios de que se hubiera vulnerado la normativa de aplicación", pero el Tribunal de Cuentas reprochó que el operador ferroviario no había tenido el rigor suficiente en la investigación.

En los últimos meses Ineco se ha visto salpicada en las investigaciones de la trama Koldo por su papel avalando contratos y por 'fichar' a mujeres recomendadas por el entonces ministro José Luis Ábalos pese a carecer de formación.

VERIFICACIONES DE AMENAZAS A LA IMPARCIALIDAD
Además del veto a la empresa pública de ingeniería, también se ha aprobado una propuesta de resolución para instar al Gobierno a implantar verificaciones anuales obligatorias de amenazas a la imparcialidad en valoraciones técnicas, incluyendo compromisos futuros en Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Intereses de personal propio y externo, incluidos medios propios como Ineco.

A su vez, se ha dado luz verde a otras peticiones como un plan antifraude específico contra colusión en ofertas, recalificando riesgos altos (selección de actuaciones, sobornos) y auditando externamente contratos superiores a un millón de euros del Plan de Recuperación. También se pide reformar las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Intereses para que sean específicas por expediente de contratación.

SE APRUEBAN LAS PETICIONES DEL RESTO DE GRUPOS
En la votación se han aprobado las propuestas de resolución que habían presentado PSOE, Vox y Sumar. En el caso de los socialistas, la comisión ha aprobado pedir que Adif y Adif-Alta Velocidad realicen actuaciones dirigidas a asegurar la prevención y gestión de conflictos de interés en el ámbito de personal de medios propios con tareas de gestión y gobernanza del Plan de Recuperación.

A su vez, se ha dado visto bueno a pedir que el operador especifique de forma más detallada si se han detectado amenazas a la imparcialidad en relación con las funciones que realizan y los procedimientos en los que participan las personas verificadas, así como ampliar la información a los compromisos de pago a empresas proveedoras.

Por su parte, las propuestas de Vox instan al Gobierno a que Adif y Adif-Alta Velocidad lleven a cabo actuaciones dirigidas a asegurar la prevención y gestión de conflictos de interés en el ámbito de personal de medios propios con tareas de gestión del Plan de Recuperación, así como acometer "sin dilación" un plan de acción para disminuir el riesgo de prácticas colusorias.

Por último, Sumar ha conseguido apoyo para exigir que la autoevaluación del riesgo de fraude que hace Adif actualice la valoración del riesgo neto y los resultados del plan de acción respecto al riesgo de prácticas colusorias en las ofertas, para alcanzar un valor de riesgo objetivo aceptable.