Asaja pide amparo a la Junta de CyL ante la decisión de Azucarera de no renovar contratos a remolacheros

Asaja de Castilla y León ha solicitado el amparo del presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ante la decisión de la empresa AB Azucarera de no renovar los contratos de remolacha para la campaña 2026/2027 con diversos agricultores de la comunidad.

Esta medida, adoptada por el grupo British Sugar, se ha producido por primera vez en la historia de este cultivo y coincide con el primer año de contratación tras el cierre de las fábricas de Miranda de Ebro (Burgos) y La Bañeza (León), señala la organización a través de un comunicado.

Según ha denunciado, se trata de una decisión "unilateral" que impide a los productores cumplir con las normas de la Política Agraria Común (PAC), como la diversificación y rotación de cultivos, además de suponer un incumplimiento de los programas agroambientales firmados en 2023.

Asaja ha lamentado que la Consejería de Agricultura no se haya manifestado al respecto, a pesar de que la compañía ha informado de su decisión y de que la organización ya cursó una queja formal semanas atrás.

Según la organización, la empresa argumenta de forma verbal que los afectados presentan un historial de bajos rendimientos que no cubrirían los costes de producción con los precios actuales, situados en el entorno de los 36 euros por tonelada. A este respecto, la asociación ha recordado que la Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe los contratos si no se cubren los costes del primer eslabón.

No obstante, ha precisado que la mayoría de los cultivadores, incluso con rendimientos altos, dependen de las subvenciones de la PAC para obtener beneficios. Asimismo, ha responsabilizado a la propia industria de los bajos rendimientos debido al modelo de "contrato compartido", donde el remolachero actuaba como un "mero trabajador" bajo asesoramiento técnico de la empresa.

Por todo ello, la organización espera un "gesto contundente e inmediato" de la Administración autonómica en defensa de los productores, apelando al compromiso adquirido hace un año de evitar perjuicios tras el cierre de las citadas factorías.

Finalmente, Asaja ha reclamado igualdad de trato para todos los agricultores de la región y ha exigido a Azucarera una política de precios en sintonía con su competencia, así como inversiones para limitar las campañas a un periodo máximo de noventa días.