Confebus reclama revisar de forma extraordinaria los contratos públicos de autobús

Ante el alza de combustibles derivado de la guerra con Irán
La Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) ha reclamado al Gobierno la habilitación de una revisión extraordinaria de los contratos públicos de transporte escolar, interurbano y urbano ante el fuerte encarecimiento de los combustibles derivado de la guerra con Irán.

La patronal advierte en un comunicado de que, si no se actualizan las condiciones económicas de estos contratos, la viabilidad de cientos de empresas concesionarias quedará "en el aire" pese a su trayectoria de compromiso con el servicio público.

Confebus subraya que el conflicto iniciado el 28 de febrero ha disparado el precio del crudo por encima de los 100 dólares por barril en numerosas ocasiones y ha elevado el gasóleo en torno a 40 céntimos por litro en España, hasta una media superior a 1,80 euros, mientras que el gas natural ronda los 44 euros por MWh tras encarecerse más de un 30%.

En este contexto, el combustible ha pasado de representar entre el 25% y el 35% de los costes de explotación habituales a rozar el 40%, a lo que se suma el incremento de partidas como lubricantes o neumáticos.

La organización considera "insuficiente" la bonificación general de 20 céntimos por litro y la ayuda de 975 euros para vehículos de gas, y denuncia que los autobuses eléctricos han quedado fuera de estas medidas.

Por ello insiste en que la revisión excepcional de los contratos públicos es una iniciativa "imprescindible" para evitar que la inflación y la crisis energética se trasladen de forma insostenible a las empresas del sector.

El comunicado recuerda que el episodio inflacionario reflejado en el IPC de marzo, muy influido por la energía, afecta tanto a las familias como a las compañías de transporte, que "no pueden asumir en solitario" el impacto del alza de costes. Confebus reclama medidas "urgentes y extraordinarias" y apunta, entre ellas, a acabar con los efectos "indeseados" de la Ley de Desindexación, que limita la actualización de precios en los contratos con la Administración.