El Gobierno lamenta que PP y Vox rechacen proteger de manera permanente la vivienda pública en Valencia

El Ministerio de Vivienda lamenta que Les Corts Valencianes, con los votos de PP y Vox, hayan rechazado una proposición para proteger de forma permanente las viviendas de protección oficial, así como para garantizar que su adjudicación se lleve a cabo mediante criterios objetivos y trazables.

En un comunicado, fuentes del departamento que lidera Isabel Rodríguez han recordado que los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 --casi 800 millones en el caso de la Comunidad Valenciana-- están condicionados al blindaje permanente de las viviendas públicas y protegidas que se financien, así como a la inclusión de una cláusula antifraude para asegurar que las viviendas acaban sirviendo a quienes las precisan.

"Esta postura de la derecha y la ultraderecha en la Comunidad Valenciana demuestra que lo sucedido con el escándalo de las VPO en Alicante, donde las viviendas se repartieron entre cargos del PP y sus amigos, no es un accidente, es el modelo", han denunciado.

Por ello, han instado al presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, a recuperar los controles para evitar el fraude en las adjudicaciones que su predecesor, Carlos Mazón, eliminó.

"La solución estructural a esta crisis de vivienda pasa por la conformación de un gran parque público de vivienda a precios asequibles y con protección permanente que sea capaz de condicionar el mercado privado. Esto no se logrará si se permite la venta, el pelotazo y la especulación con viviendas protegidas", han añadido.

El pleno de Les Corts ha rechazado este jueves, con los votos en contra de PP y Vox, una proposición de ley de Compromís para que las viviendas de protección pública (VPP) tengan carácter público permanente.

Esta iniciativa, que ha recibido el apoyo del PSPV, proponía modificar la Ley 8/2004 de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, al considerar que el decreto introducido a finales de 2024 por el Consell debilita las garantías del régimen de vivienda protegida.

En concreto, Compromís pedía establecer en esta ley que el régimen de protección pública de las VPP sea con carácter permanente, así como que los contratos de compraventa y alquiler de las VPP incluyan cláusulas de inserción obligatoria con las mismas condiciones de acceso sean de promoción pública o privada.

También exigía como requisito imprescindible para acceder a una VPP la inscripción previa en un registro de demanda de vivienda y ser adjudicatario mediante un procedimiento público por sorteo, y que la Generalitat informe de este proceso en su web o mediante correo electrónico a los inscritos.