La escuela no necesita sheriffs

Existe una vieja máxima en la educación que afirma que "para educar a un niño hace falta toda la tribu". Sin embargo, la reciente propuesta de la Generalitat de Catalunya de instalar agentes de los Mossos d’Esquadra dentro de los centros educativos sugiere que hemos olvidado quiénes forman parte de esa tribu. Al parecer, han decidido que ahora la tribu necesita sheriffs.

Esta iniciativa, envuelta en papel de celofán, de la "prevención" y la "convivencia", oculta una realidad mucho más áspera: la rendición del Estado ante su incapacidad para dotar a las escuelas de los recursos educativos y sociales necesarios. Es la política de lo fácil disfrazada de seguridad. Resulta más barato enviar a un agente uniformado que contratar a equipos multidisciplinares de psicólogos, mediadores y educadores sociales que trabajen codo con codo con el alumnado y el profesorado.

Más allá de la logística, está el simbolismo. Y el simbolismo importa. Cuando sitúas a un agente de la autoridad —garante exclusivo del uso legítimo de la fuerza pública— en el mismo espacio donde un niño aprende a sumar o debate sobre literatura, estás enviando un mensaje claro: la confianza no es suficiente; hace falta vigilancia.

Se nos asegura que serán Mossos "amables", "mediadores" y "cercanos". Pero el uniforme no deja de ser un uniforme. Para un adolescente de 14 años con problemas de conducta, o para un niño migrante que llega con recelo hacia la autoridad, la presencia policial no es un abrazo; es un recordatorio constante de su estatus de sujeto bajo sospecha. Se crea así lo que los sociólogos denominan un "ambiente carcelario suave", donde la disciplina se impone desde fuera, en lugar de construirse desde dentro mediante la autonomía moral.

La adolescencia es, por definición, una etapa de conflicto, de prueba de límites y de error. La escuela debe ser el lugar seguro donde esos errores se gestionan pedagógicamente. Si introducimos la lógica policial —que binariza el mundo entre legal e ilegal, entre orden y desorden— en el aula, estamos patologizando la juventud. Un grito en el pasillo deja de ser un exceso de energía o una falta de autocontrol para convertirse, potencialmente, en un "altercado del orden público".

Ya sabemos lo que ocurre en otros lugares. En Estados Unidos, la presencia de los School Resource Officers ha llenado las comisarías de jóvenes detenidos por faltas que antes se resolvían con una llamada a los padres o una suspensión temporal. ¿Queremos eso para Cataluña? ¿Deseamos que el primer contacto institucional serio de un joven con dificultades sea una ficha policial y no un expediente de orientación?

La revelación de estos planes ha provocado una inmediata reacción en cadena dentro de la comunidad educativa y la sociedad civil. Lejos de ser recibida como una medida de protección, la iniciativa ha sido calificada por numerosos expertos como un "error estratégico" que confunde seguridad con control.

Los críticos señalan los datos de países donde este modelo ya está implantado. Estudios recientes en Estados Unidos y el Reino Unido sugieren que la presencia policial en las escuelas aumenta las tasas de expulsión y detención juvenil por infracciones menores, afectando desproporcionadamente a estudiantes de entornos vulnerables.

"Estamos importando un modelo fracasado", advierte Marc Riera, experto en justicia juvenil. "La evidencia demuestra que cuando un agente de policía interviene en conflictos escolares, la tendencia es judicializar problemas que deberían resolverse pedagógicamente. Estamos creando una vía rápida hacia el sistema penal para chicos que solo necesitan orientación".

Esta propuesta del gobierno catalán es síntoma de una enfermedad mayor: la securitización de la vida cotidiana. Ante la complejidad social, la desigualdad y la fractura comunitaria, la respuesta del poder no es invertir en cohesión social, sino en control. Es la admisión tácita de que hemos fracasado en crear comunidades resilientes y que ahora necesitamos guardianes para gestionar los restos.

La Generalitat debería retirar esta propuesta inmediatamente. No porque los mossos no hagan una buena labor —la hacen, y muy necesaria, en las calles—, sino porque su lugar no es el aula. El aula pertenece a los educadores, a las familias y, sobre todo, a los estudiantes.

Si queremos escuelas seguras, invirtamos en personas. Si queremos convivencia, eduquemos en empatía, no en sumisión. Porque el día que se necesiten  policías dentro de las escuelas para que los niños se porten bien, habremos admitido, colectivamente, que hemos dejado de creer en la educación.