¿Papeles en regla, derechos en pie? por qué regularizar es un acto de justicia y memoria histórica

Estos días, la clase política española está en plena ebullición. El Gobierno ha aprobado, mediante real decreto de urgencia, una regularización extraordinaria que afectaría a medio millón de personas sin permiso de residencia. Una medida técnica, sí, pero sobre todo ética y humana. Porque detrás de los expedientes hay rostros, familias y vidas marcadas por la incertidumbre. Personas que trabajan, pagan indirectamente impuestos, cuidan a nuestros mayores o recogen nuestras cosechas, pero que lo hacen con el miedo constante a ser detenidas, explotadas o separadas de sus hijos. La irregularidad administrativa no anula la realidad social; solo la invisibiliza y la convierte en caldo de cultivo para la precariedad y el abuso laboral.

Regularizar no es un capricho ideológico. Es una herramienta de justicia social y de eficiencia económica. Quien obtiene sus papeles en regla puede cotizar, acceder al sistema público de salud, solicitar créditos bancarios y, sobre todo, vivir sin el estrés tóxico de la ilegalidad. Sus hijos, muchos de ellos nacidos en España y escolarizados desde primaria, dejarán de cargar con el estigma de lo “ilegal” cuando, de facto, ya son parte de este país. La regularización, además, blinda las arcas públicas: saca del sumidero de la economía sumergida a cientos de miles de contribuyentes potenciales y reduce la competencia desleal que hoy sufren los trabajadores legalizados.

Resulta especialmente paradójico que se cuestione una medida así cuando España, más que un país de acogida, es un país que sabe lo que es emigrar. A lo largo de lo siglos, millones de españoles cruzaron el Atlántico huyendo de la miseria, la guerra y la dictadura. América Latina los recibió con las puertas abiertas, les ofreció trabajo, respeto y, en muchos casos, la ciudadanía. La reciprocidad no es un favor; es un principio moral básico. Como dice el refrán, “es de bien nacido ser agradecido”. Hoy, cuando se afirma que los migrantes vienen a “quitar el pan o los servicios a los españoles”, se ignora la realidad demográfica y laboral del país: España envejece, necesita mano de obra en sectores esenciales y depende, en gran medida, de quienes cubren puestos que la población autóctona no ocupa. 

La migración no es un problema; es una solución estructural a la que la política a veces se niega a poner nombre.

Esta doble moral no es nueva. El escritor gallego Celso Emilio Ferreiro, exiliado en Venezuela, lo denunció con crudeza en Viaxe ao país dos enanos (Viaje al país de los enanos). Allí retrató a una parte de la emigración gallega que, lejos de mantener la solidaridad con la tierra de origen, reprodujo en el exilio las mismas estructuras caciquiles y el afán de poder que habían dejado atrás. “Los caciques también emigran”, escribió. Su obra no es solo un retrato literario; es un espejo incómodo. Hoy, quienes claman por una “prioridad nacional” que sitúe a los españoles por encima de los migrantes en el acceso a derechos básicos, olvidan que la identidad española se ha construido, precisamente, con cruces, préstamos y acogidas. La exclusión no defiende la patria; la empobrece.

Y, sin embargo, es la extrema derecha la que capitaliza el miedo. Vox, y con él sectores del PP que pactan en comunidades como Aragón, Castilla y León o Extremadura, promueven discursos que fracturan la convivencia. Hablar de “prioridad nacional” en servicios públicos es, en la práctica, un eufemismo de discriminación. La Constitución española y la normativa europea no establecen jerarquías de derechos según el origen; establecen igualdad. Cuando un partido político se presenta como defensor de las instituciones, pero impulsa medidas que las vacían de contenido democrático, no está protegiendo a nadie: está instrumentalizando la inseguridad para ganar votos.

La democracia no se mide por quién grita más fuerte, sino por quién garantiza derechos a todos, incluso a los que no tienen papeles. Legalizar a quienes ya viven, trabajan y contribuyen a este país no es un acto de condescendencia. Es un deber de coherencia histórica, de justicia social y de madurez democrática. A la ultraderecha, que cada vez confunde más autoridad con autoritarismo y orden con exclusión, le gusta recordar los deberes, pero olvida que los derechos son indivisibles. Regularizar es, en el fondo, reconocer una verdad sencilla: nadie es ilegal. Y España, que tanto sabe de éxodos y de acogidas, no puede permitirse el lujo de olvidar su propia historia.