2.059 denuncias y una sanción: ¿lucha contra la corrupción o contabilidad vacía?

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha presentado su memoria de 2025 con una cifra que, sobre el papel, impresiona: 2.059 denuncias, un incremento del 55% por cuarto año consecutivo y un salto del 502% respecto a la media histórica desde su creación. A esto se suman 2.011 expedientes de evaluación previa, una tasa de cierre del 99% y la formación de casi 4.500 personas. El relato institucional celebra la madurez del canal de alertas. Pero, bajo la alfombra de los números, se esconde una pregunta incómoda que ningún informe oficial responde con claridad: ¿de cuántas de esas más de dos mil denuncias ha derivado una sanción real? La respuesta, hasta finales de 2025, es demoledora: una sola.

Celebrar el volumen de alertas como sinónimo de progreso ético es confundir el termómetro con la fiebre. La OAC cierra el 99% de sus procedimientos, pero «cerrar» no equivale a «sancionar». En la práctica administrativa, la inmensa mayoría de esos expedientes se archivan por falta de indicios, se derivan a otras vías o se resuelven con informes que no conllevan consecuencia administrativa alguna. Mientras el contador de denuncias sube, el de responsabilidades efectivas se mantiene en el suelo.

Desde 2023, la OAC cuenta con potestad sancionadora explícita. Sin embargo, hasta diciembre de 2025 no había impuesto ni una sola multa. La primera y única sanción registrada recae sobre Nora SA, una empresa de residuos vinculada al Consell Comarcal de la Selva y al Ayuntamiento de Blanes, por represalias contra una trabajadora que denunció irregularidades en contrataciones y controles horarios. La cuantía, de 600.000 euros, ya ha sido anunciada como recurrida, lo que prolonga su ejecución judicial y, en la práctica, diluye cualquier efecto disuasorio.

Una sola sanción, aún no firme, tras más de dos mil denuncias y dos años de competencias plenas, no es un modelo de lucha contra la corrupción. Es la burocratización de la impunidad. Cuando una institución tarda años en materializar su primera multa y esta queda en suspenso por vía judicial, el mensaje que se envía al mercado, a la administración y a la ciudadanía es claro: denunciar es fácil, pero sancionar es casi imposible.

Este patrón no es exclusivo de Catalunya. En la Comunitat Valenciana, la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) también batió récords en 2025: 845 denuncias, un aumento del 50% respecto al año anterior, lo que representa la cuarta parte del total de denuncias recibidas por esta institución en sus ocho años de existencia. Al igual que en Barcelona, la AVAF destaca su capacidad de gestión: una reducción del 40% en expedientes pendientes y la resolución definitiva del 81,4% de los casos. Pero aquí surge la primera grieta: si ambas instituciones celebran el aumento de denuncias como un éxito, ¿por qué el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional sitúa a España en el puesto 46 de 180 países, con una pérdida de cuatro puntos en 2024 (de 60 a 56 sobre 100)?

La respuesta apunta a un problema estructural: medimos actividad, no impacto. En Catalunya, la OAC resuelve el 99% de sus procedimientos; en Valencia, la AVAF alcanza el 81,4%. Pero, ¿resolución de qué? ¿Archivos por falta de pruebas? ¿Derivaciones a fiscalía sin seguimiento público? ¿Sanciones ejecutadas y cuantificadas? Sin un desglose transparente de resultados, el número se vacía de significado y se convierte en un ejercicio de contabilidad moral.

La fragmentación territorial agrava el problema. Según Transparencia Internacional, solo cuatro comunidades autónomas y dos ciudades cuentan con agencias antifraude operativas, y apenas 11 han establecido consejos de transparencia. Mientras Catalunya y Valencia acumulan récords de denuncias, otras comunidades carecen de estructuras mínimas para investigar irregularidades. Esta asimetría genera una aplicación desigual de las políticas anticorrupción y permite que el fraude migre hacia los territorios con menor vigilancia institucional.

El caso de las Illes Balears es paradigmático: la eliminación de su agencia antifraude autonómica, denunciada por ONGs como una «demolición brutal», ilustra cómo los cambios políticos pueden desmantelar estructuras de control consolidadas. En Valencia, la llegada del PP y Vox a la Generalitat ha supuesto la modificación del reglamento de la AVAF para elegir a su director por mayoría absoluta —en lugar de por tres quintas partes—, lo que ha permitido nombrar a un máximo responsable con vínculos históricos con el Partido Popular, generando dudas sobre la independencia real de la institución.

Uno de los aspectos más delicados es la protección de quienes denuncian. La OAC reconoció la condición de informante protegido a 32 personas en 2025; la AVAF mantiene vigente la protección de 30 alertadores sobre un total histórico de 37. Son cifras modestas que, lejos de tranquilizar, plantean dudas críticas:

Si el 72% de las denuncias en Valencia se presentan de forma anónima, ¿qué nos dice eso sobre la confianza real en los mecanismos de protección?

Si solo un 1,5-2% de las denuncias derivan en protección formal en ambas comunidades, ¿estamos ante filtros rigurosos o ante barreras que disuaden a potenciales informantes?

En un contexto donde España aún no ha desarrollado la estrategia nacional anticorrupción prevista en la Ley 2/2023 y mantiene 87 directivas europeas pendientes de transposición (30 de ellas fuera de plazo), la protección del alertador corre el riesgo de convertirse en un derecho teórico: reconocido en la norma, pero inaccesible en la práctica.

Los números de la OAC y de la AVAF demuestran capacidad técnica y voluntad de trabajo. Pero la lucha contra la corrupción no se gana con memorias impecables, sino con sanciones ejecutadas, fondos recuperados y, sobre todo, con una ciudadanía que confíe en que denunciar no es un acto de fe, sino un derecho efectivo.

Una sola sanción, no firme, tras más de dos mil denuncias en Catalunya; récords de gestión con opacidad en los resultados en Valencia; agencias eliminadas o debilitadas por cambios políticos en Baleares y la Comunitat Valenciana; y una España que cae puestos en el ranking mundial de percepción de corrupción. Este es el panorama real del antifraude en España.

Mientras las instituciones celebren el volumen de la entrada sin exigir la contundencia de la salida, seguiremos midiendo el termómetro mientras la fiebre de la corrupción sigue sin bajar. La transparencia sin sanción es solo burocracia. Y la burocracia, por muy bien gestionada que esté, no devuelve la confianza. La ciudadanía ya no quiere saber cuántas denuncias entran. Quiere saber cuántas irregularidades salen castigadas.

La ética pública no se construye con contabilidad de expedientes, sino con responsabilidades ejecutadas. Hasta que no cambiemos el foco —del trámite al resultado, del número a la consecuencia—, los récords seguirán siendo espejismos estadísticos. Y la impunidad, la única cifra que no deja de crecer.