Si ellos mienten , ¿por qué yo no?. El peligroso ejemplo de la clase política

El espectáculo judicial de los últimos meses no es un catálogo de casos aislados. Es un diagnóstico. Kitchen, Koldo, la familia Pujol… no son anomalías. Son síntomas. Y lo que revelan no es solo corrupción o negligencia, sino un colapso ético que ya no se esconde: la mentira ha pasado de ser un recurso táctico a convertirse en la moneda de cambio de una buena parte de la clase política.

Lo más grave no es que mientan. Es que lo hacen con la tranquilidad del que sabe que no habrá consecuencias. Testigos que pierden la memoria en el estrado, declarantes que juran en falso y tribunales que, en ocasiones, miran para otro lado. ¿Y la ciudadanía? Lo normaliza. Ahí está la verdadera fractura: cuando la sociedad acepta que mentir en sede judicial es “parte del juego”, ha firmado su propia rendición ante la impunidad.

La psicología y la neurociencia lo confirman: la mentira es una estrategia conductual antigua, incluso evolutiva. Pero en política deja de ser instinto para convertirse en cálculo. Un proceso judicial, aunque termine en absolución, puede hundir una carrera. La mentira aparece entonces como un mecanismo de control narrativo, un escudo contra el daño reputacional o una apuesta para ganar tiempo. En sistemas polarizados, el cálculo ya no es personal: es estratégico, colectivo y perfectamente coordinado. El problema no es que mientan. Es que han institucionalizado la falsedad como herramienta de supervivencia. Aquí la ley debe hablar con voz clara. Ejercer el derecho al silencio o a la defensa técnica no es mentir. Es un pilar del Estado de derecho. Pero presentar hechos falsos, alterar documentos, inducir a error a testigos o declarar bajo juramento sabiendo que se falsea la realidad sí lo es. La línea entre protegerse y corromper la justicia no es difusa. La hemos borrado nosotros al permitirla.

Kant no dejaba margen: la veracidad es un deber perfecto. No admite excepciones, ni siquiera por “filantropía” o “razón de Estado”. Mentir destruye la confianza universal que hace posible la vida en común. Arendt nos recordó que defender los hechos es defender la libertad. Bok, que toda mentira debe someterse al escrutinio público. No son adornos académicos. Son antídotos contra el cinismo que nos está devorando.

Cuando un político falsea la verdad ante un juez, no solo comete perjurio. Envía un mensaje corrosivo a la calle: la ley es flexible, la ética es negociable y el éxito justifica los medios. Eso no es política. Es demolición institucional. La exposición crónica a este relato genera dos males mortales para la democracia: la desconfianza estructural (“ya nadie cree en la justicia”) y la apatía cívica (“si todos mienten, mi voto no sirve”).

La responsabilidad no recae solo en quien miente. Recae también en quien lo justifica, en quien lo banaliza y en quien prefiere la comodidad del “todos hacen lo mismo” antes que exigir rendición de cuentas.  La mentira política no solo transmite falsedades: fractura el tejido social y envenena el debate público.

Lo que vemos estos días en los tribunales no es un pulso entre partidos. Es un test de supervivencia democrática. Si normalizamos la mentira en sede judicial, estamos aceptando que la verdad es opcional. Y cuando la verdad cae, la democracia la sigue.

Exigir hechos, no relatos. Exigir consecuencias, no disculpas. Exigir que la justicia sea lo que dice ser: el último refugio de la verdad, no el escenario de su entierro a la democracia, sin hablar de la credibilidad política.