sábado, 2 de mayo de 2026 14:57

Economía

Vox reconoce que la prórroga de alquileres rechazada en el Congreso sí favorece a inquilinos

Carlos Hernández Quero admite que el decreto de prórroga de alquileres rechazado en el Congreso beneficia puntualmente a inquilinos mientras Vox mantiene su rechazo por considerar que genera inseguridad jurídica

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Entre el debate sobre la intervención en el mercado del alquiler y las posiciones enfrentadas en el Congreso, un dirigente de Vox introduce matices sobre una medida legislativa recientemente derogada que afectaba a contratos de arrendamiento y a la regulación de precios en el mercado de la vivienda en España.

 

Debate político tras la derogación del decreto de alquileres

El portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, reconoce que el decreto ley destinado a prorrogar los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027 puede beneficiar de forma puntual a algunos inquilinos, aunque su formación ha votado en contra de su aprobación en el Congreso.

La norma, impulsada por Sumar, incluye también una limitación del 2% en la subida de precios del alquiler. El pasado martes, PP, Vox, Junts y UPN suman sus votos para tumbar el decreto, provocando su derogación parlamentaria.

 

Argumentos del rechazo parlamentario

Durante la sesión en el Congreso, Hernández Quero defiende el posicionamiento de su grupo desde la tribuna, señalando que incluso casos personales cercanos podrían verse beneficiados en el corto plazo, pero que la medida no resuelve el problema estructural del mercado.

En declaraciones posteriores al programa Parlamento de RNE, recogidas por Europa Press, afirma: “Esto podía beneficiar puntualmente a mi hermana, pero supone dar una patada para adelante porque el problema sigue igual”. Con esta afirmación insiste en que la prórroga no aborda las causas de fondo de la situación de la vivienda.

 

Inseguridad jurídica y efectos en la oferta

El dirigente de Vox sostiene que el decreto introduce un cambio normativo que describe como “repentino” y “brusco”, lo que, según su análisis, genera inseguridad jurídica en el mercado del alquiler.

En su explicación afirma que “cuando se genera inseguridad jurídica, el tenedor de vivienda, el arrendador siente incertidumbre, siente desconfianza y saca su vivienda del mercado”. A partir de este planteamiento, vincula la reducción de la oferta con el incremento de los precios.

 

Evolución del mercado y presión sobre la vivienda

El portavoz parlamentario argumenta que en los últimos años se produce una reducción significativa de la oferta disponible mientras la demanda crece de forma acelerada. Según su exposición, esta combinación explicaría la subida de precios en el alquiler.

Hernández Quero añade que la salida de viviendas del mercado se intensifica con medidas de prórroga, ya que, una vez finalizadas, los propietarios podrían retirar inmuebles del circuito de arrendamiento.

También señala que este tipo de dinámicas no son, a su juicio, una hipótesis, sino un fenómeno respaldado por análisis académicos en distintos contextos internacionales.

 

Propuestas de Vox ante la crisis de vivienda

En su intervención, el portavoz detalla las líneas generales que su formación plantea para afrontar la situación del acceso a la vivienda. Entre ellas menciona la construcción de vivienda libre, la ampliación del parque público y medidas para moderar la demanda.

En este punto introduce la cuestión demográfica y afirma que el aumento de población contribuye a la tensión del mercado. Defiende que el equilibrio entre oferta y demanda es clave para la evolución de los precios.

Asimismo, utiliza datos del Banco de España para contextualizar su argumentación, señalando la existencia de un déficit de viviendas y el ritmo de construcción actual en relación con la demanda.

 

Regulación de la inversión y papel del mercado

El portavoz de Vivienda de Vox plantea también limitar la compra de vivienda por parte de fondos de inversión extranjeros y grandes corporaciones mediante impuestos elevados de carácter disuasorio.

Según su exposición, el objetivo de esta medida es favorecer que los pequeños propietarios compitan en condiciones más equilibradas en el mercado inmobiliario, evitando una concentración excesiva de la propiedad en grandes actores financieros.

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