Los acreedores por los impagos de las renovables ponen su foco en un contrato de defensa de España en EE.UU.

Los acreedores internacionales afectados por los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables aprobados en el pasado por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han puesto el foco en un contrato de defensa firmado por España con la estadounidense Raytheon para la compra de cuatro sistemas Patriot por valor de 1.700 millones de dólares (unos 1.445 millones de euros).

Fuentes jurídicas vinculadas a los procedimientos abiertos en Estados Unidos indicaron que los equipos legales que representan a los inversores afectados estudian fórmulas para intentar bloquear esta operación, intervenir posibles pagos adelantados o dificultar la ejecución del acuerdo militar mediante actuaciones sobre transacciones financieras vinculadas al contrato.

En concreto, la estrategia está siendo coordinada por el bufete King & Spalding, que representa a buena parte de las empresas que han obtenido siete resoluciones favorables en los tribunales federales norteamericanos, donde se han reconocido créditos cercanos a 688 millones de euros que el Reino de España sigue sin resarcir.

La operación en cuestión, anunciada en diciembre de 2025, contempla la adquisición de cuatro baterías Patriot fabricadas por Raytheon, filial de RTX.

A este respecto, las mismas fuentes precisaron que los acreedores consideran que los pagos, depósitos, garantías o transferencias vinculadas a esta operación "podrían quedar sujetos a procedimientos de 'discovery' en Estados Unidos, especialmente si parte de la operativa financiera se desarrolla a través del sistema bancario norteamericano o de entidades sometidas a jurisdicción federal.

Y es que los acreedores internacionales han intensificado en 2026 sus actuaciones judiciales en Estados Unidos y han activado nuevas órdenes de 'discovery' dirigidas a rastrear transacciones financieras vinculadas al Estado español a través de organismos como la Reserva Federal norteamericana (FED) o The Clearing House Payments Company, operadora del sistema CHIPS, añadieron.

EL FALCON O LA SELECCIÓN DE FÚTBOL EN EL MUNDIAL.
A este respecto, Matthew McGill, socio del bufete estadounidense King & Spalding, advirtió de que distintos activos y operaciones vinculadas al Reino de España podrían quedar expuestos a medidas de embargo o incautación en Estados Unidos si el Gobierno mantiene su negativa a ejecutar los laudos arbitrales internacionales pendientes de pago.

En concreto, los tribunales federales estadounidenses ya han reconocido siete resoluciones favorables a los acreedores, con obligaciones de pago cercanas a los 688 millones de euros.

En este contexto, el abogado explicó que determinados activos utilizados por las instituciones españolas durante desplazamientos oficiales en territorio estadounidense podrían quedar potencialmente sujetos a actuaciones judiciales, mencionando expresamente la posibilidad de actuar sobre el avión oficial Falcon, empleado habitualmente por el Gobierno de España, si, por ejemplo, aterrizase en Estados Unidos en el marco de futuros viajes oficiales.

Asimismo, los acreedores ya indicaron que han iniciado también distintas actuaciones relacionadas con operaciones vinculadas a la participación de España en el Mundial de Fútbol 2026 de este verano, enviando requerimientos judiciales dirigidos a proveedores, patrocinadores y entidades relacionadas con la organización del torneo.

DEUDA POR MÁS DE 2.300 MILLONES.
En esta 'batalla' judicial de más de una década por los recortes a las renovables, España acumula un total de 27 laudos perdidos pendientes de pago, con una deuda que supera los 2.310 millones de euros, incluyendo sobrecostes financieros y legales, según estimaron los acreedores.

Hace casi un año, España accedió a pagar más de 30 millones de euros a la japonesa JGC por un lado dictado en 2021, en el único que se ha saldado con el abono de alguna compensación.

A este respecto, los acreedores reclaman al Gobierno español un acuerdo satisfactorio como el de JGC, ya que consideran que se trata del "único camino" para restaurar la credibilidad internacional del país y reforzar la seguridad jurídica para las inversiones internacionales.

En los últimos tiempos, los acreedores han ido sumando resoluciones favorables en jurisdicciones como Reino Unido, Australia, Bélgica, Países Bajos o Singapur.