El impago dispara el riesgo económico del propietario en el mercado del alquiler, según SEAG

El impago ha disparado el riesgo económico del propietario en el mercado del alquiler, ya que, aunque la normativa vigente en el mercado establece derechos y obligaciones para ambas partes, el equilibrio del riesgo "no siempre es simétrico", según ha informado este viernes en un comunicado la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG).

En cifras del informe, cada año se registran en España miles de procedimientos de desahucio por impago, y el tiempo medio para recuperar una vivienda puede superar los 10 meses desde el primer "incumplimiento".

En este contexto, SEAG ha destacado en su análisis que, aunque arrendador y arrendatario afrontan "incertidumbres", el propietario ha concentrado el "mayor riesgo económico y patrimonial", especialmente en escenarios de "impago".

Con respecto al arrendador, ha puesto "en juego" un activo patrimonial y su estabilidad de ingresos, por lo que se ha enfrentado a situaciones como el "impago" de la renta que derivan en costes judiciales, deterioro del inmueble y caída directa de la rentabilidad.

En paralelo, el inquilino se ha expuesto a la pérdida de la fianza o responder a daños ocasionados durante el contrato, como el uso del inmueble, responsabilidades por problemas derivados de la habitabilidad o gestión del suministro.

"El inquilino arriesga su fianza, pero el propietario puede ver comprometida su inversión durante meses o años", ha afirmado la responsable de jurídico de SEAG, Daniela Salinas.

EL COSTE TOTAL PUEDE ASCENDER A 15.000 EUROS
Con respecto a los problemas derivados del impago, desde SEAG han señalado que el coste total puede superar los 15.000 euros, convirtiendo el alquiler en un "foco de costes" para el arrendador en lugar de una fuente de ingresos.

La mayor parte del impacto económico corresponde a las rentas impagadas, que representan entre el 70% y el 80% del total. Según el análisis, si se tiene en cuenta una duración media del procedimiento judicial y rentas de entre 800 y 1.000 euros mensuales, esto puede suponer entre 10.000 y 13.000 euros.

A esto se suman los gastos legales, que suponen entre el 5% y el 10% del total, con costes de entre 800 y 1.500 euros en abogados, procurador y tasas.

Además, hay que considerar los posibles daños en la vivienda, que pueden representar entre el 10% y el 15% del coste total, con importes que oscilan entre 1.500 y 3.000 euros en función del estado en que se recupere el inmueble.

También existen otros gastos asociados, como suministros impagados (luz, agua), comunidad o tasas, que pueden añadir entre 500 y 1.000 euros adicionales.

En conjunto, SEAG ha subrayado la "necesidad" de equilibrar la protección de ambas partes para garantizar el "buen funcionamiento del mercado".