Madrid estudia llevar al Supremo el Plan Estatal de Vivienda por invasión de competencias autonómicas

La Comunidad de Madrid estudia llevar ante el Tribunal Supremo el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 al considerar que invade competencias autonómicas, aunque votará a favor del reparto de fondos entre las regiones "por responsabilidad".

En concreto, el plan está dotado con hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, de los que 1.113 millones serían para la región. Contempla que el Estado asuma el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades aportarán el 40% restante, lo que supone que las autonomías tengan que hacer un esfuerzo algo mayor que en los anteriores planes, en los que aportaban el 25% del presupuesto y el resto lo ponía el Estado.

Así lo ha trasladado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, durante la Conferencia Sectorial de Vivienda que este jueves ha reunido al Ministerio y las autonomías para estudiar el reparto de fondos.

En declaraciones previas a la cita, el consejero madrileño ya advirtió que, aunque las comunidades del PP votan a favor del reparto, discrepan del plan "propagandístico de Pedro Sánchez", por lo que se reservan la posibilidad de recursos judiciales.

En opinión del Gobierno madrileño, el diseño financiero del plan es "profundamente injusto". Así, ha censurado que, aunque el Estado presume de triplicar su aportación, "no es cierto", ya que solo la duplica, mientras "obliga" a las autonomías a multiplicarla por cinco. "Moncloa pone el titular y las autonomías ponen la cartera", ha lamentado.

Durante la reunión, Rodrigo ha trasladado su rechazo a un plan que busca "imponer el modelo ideológico del Gobierno" y que se ha elaborado "sin consenso, sin diálogo real y utilizando la financiación estatal como instrumento de presión política". "Se ha cocinado en un despacho del Ministerio, entre titulares y eslóganes, y después han llamado 'cogobernanza' a mandarnos el documento cerrado para que lo aplaudamos", ha defendido el consejero.

En esta línea, el máximo responsable madrileño en materia de Vivienda ha censurado que "no se ha atendido ni una sola" de las alegaciones "fundamentales" presentadas por la Comunidad. "Hablan de diálogo, pero lo que realmente quieren son comunidades autónomas obedientes, sin capacidad política y sometidas al modelo intervencionista de la fracasada Ley de Vivienda", ha apuntado.

Igualmente, ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez busca "imponer su ideología, incentivando las zonas tensionadas y condicionando las políticas autonómicas de vivienda", de modo que si se quiere el dinero primero hay que "pasar por caja ideológica".

Desde el Ejecutivo madrileño, ven "especialmente grave" el hecho de que el propio Consejo de Estado haya cuestionado públicamente cómo se ha diseñado este plan y haya advertido de posibles vulneraciones de la autonomía financiera de las comunidades autónomas. "Quizá el problema no sea la oposición, sino que el Gobierno confunde gobernar con colonizar competencias", ha ironizado el consejero.

Como ha hecho en otras ocasiones, el consejero también ha remarcado que el plan llega "rematadamente tarde", con el objetivo del Ministerio de desplegar a partir del segundo semestre los efectos del mismo. "Tan tarde que han conseguido que 2026 nazca prácticamente perdido antes incluso de empezar", ha censurado.

Al hilo, ha recordado que la Comunidad había reservado 88 millones de euros para ejecutar políticas de vivienda, pero "el retraso del Ministerio y la falta de convenios" van a impedir disponer del marco jurídico necesario. Así, ha lamentado que mientras la Comunidad planifica, el Gobierno "improvisa" y "prepara excusas".

Rodrigo también ha trasladado el rechazo al principio de protección indefinida de las viviendas públicas, de manera que los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos del plan tendrán la calificación de protegidos con carácter permanente, un aspecto sobre el que ha apuntado que ha sido cuestionado por el propio Consejo de Estado.

Finalmente, ha tildado de igualmente desproporcionado "amenazar" con retirar fondos a las comunidades autónomas por cuestiones ajenas al propio plan, como el intercambio de datos sobre fianzas o la organización de actos institucionales sin presencia del Ministerio.