Tres expresidentes, una sola pregunta: ¿justicia o selectividad?

La noticia surgía este lunes como una bomba: José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado en el marco del caso Plus Ultra, una parte de la opinión pública aplaude: por fin la justicia llamaba a la puerta de un expresidente socialista. Otros, sin embargo, fruncieron el ceño y lanzaron la pregunta incómoda: si Zapatero entra en el punto de mira, ¿por qué José María Aznar y Mariano Rajoy, con sus propias sombras, han esquivado hasta ahora el banquillo de los acusados? No se trata de pedir impunidad para nadie. Se trata de exigir coherencia para todos. Como escribió John Rawls, «la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales». Cuando esa virtud se resquebraja, no basta con señalar excepciones; hay que preguntarse por la regla.

El caso de Zapatero es conocido: el juez investiga si el expresidente y su entorno recibieron presuntamente 1,95 millones de euros vinculados al rescate público de la aerolínea Plus Ultra. Zapatero ha defendido su inocencia con firmeza, y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. La presunción de inocencia no es un favor; es un pilar. Pero la política, ay, no se juzga solo en los tribunales. Se juzga en la memoria colectiva, en la percepción ciudadana, en esa sensación difusa pero persistente de que la justicia tiene ritmos distintos según el apellido, el partido o el momento.

Y aquí es donde aparece Rajoy. En abril de 2026, el expresidente popular declaró como testigo en el juicio del caso Kitchen, la trama de espionaje ilegal contra Luis Bárcenas desde el Ministerio del Interior. Rajoy negó cualquier implicación, aseguró que «no hubo una operación política, sino policial», y defendió la legalidad de las actuaciones. Pero la pregunta persiste: si Bárcenas señaló directamente a Rajoy como conocedor y beneficiario de la operación, si existen agendas, mensajes y testimonios que apuntan en esa dirección, ¿por qué el expresidente no está imputado? ¿Por qué se le permite declarar como testigo cuando hay indicios que podrían situarle en otra condición procesal? Como advirtió Montesquieu, «para que no se abuse del poder, es preciso que el poder detenga al poder». Cuando ese freno se afloja, la responsabilidad política se diluye en tecnicismos y la justicia pierde su horizonte.

No es un reproche personal. Es una exigencia democrática. Aznar, por su parte, ha navegado entre controversias —la guerra de Irak, la gestión del 11-M, la opacidad en la financiación del PP— sin que la justicia haya encontrado, hasta ahora, motivos para sentarle en el banquillo. ¿Casualidad? Quizás. ¿Falta de pruebas directas?. Pero también es cierto que la justicia española tiene memoria selectiva, que los tiempos judiciales no son los políticos y que los relatos mediáticos suelen proteger a quienes ya no ocupan el centro del tablero.

Se repite hasta la saciedad: a la derecha se le perdona todo, a la izquierda no se le pasa una. Los estudios de comportamiento político muestran que el votante progresista tiende a castigar la corrupción con la abstención, mientras que el conservador suele priorizar la estabilidad o la identidad, amortiguando el impacto de los escándalos. No es que la justicia sea parcial por ideología; es que el castigo social es asimétrico. Además, cuando la corrupción es sistémica y está enquistada en una organización, se diluye en la estructura y resulta más difícil imputar a las cúpulas; cuando se personaliza, como ocurre en investigaciones como la actual, se magnifica y se convierte en relato. El resultado es el mismo: desconfianza. Pero la narrativa, distinta. Como recordaba Platón, «nada es más injusto que la igualdad entre desiguales». Y nada más peligroso que una justicia que aplica la misma vara a realidades procesales y políticas distintas.

El verdadero problema no es si se investiga a un socialista o a un popular. El problema es que, casi medio siglo después de la Transición, sigamos debatiendo la corrupción como un partido de tenis en lugar de afrontarla como una falla estructural. La opacidad en la financiación de partidos, las puertas giratorias, la lentitud de los órganos de control, la politización de la Fiscalía y la falta de una cultura de transparencia en lo público alimentan la percepción de una justicia a dos velocidades. Y mientras no se reforme el sistema desde la raíz, cualquier investigación, por muy legítima que sea, será leída como venganza o como impunidad.

Zapatero deberá responder ante los tribunales, si los indicios lo exigen. Rajoy, si aparecen pruebas sólidas —a pesar de la polémica desaparición de elementos clave, como los discos duros de Bárcenas— que lo vinculen directamente a la trama Kitchen, también debería hacerlo. Aznar, si surgen nuevos elementos que justifiquen su imputación, igualmente. ¿Los hay? Si se buscan, sí. No por equilibrio, sino por coherencia democrática. España no necesita que la justicia castigue a unos para perdonar a otros; necesita que actúe con la misma vara, sin prisas mediáticas ni silencios cómodos.

Porque al final, lo que está en juego no es el legado de un expresidente, sino la credibilidad de un sistema que, si quiere sobrevivir, debe dejar de ser un espejo roto y convertirse en un faro. Mientras tanto, la ciudadanía tiene derecho a no elegir entre la hipocresía y el cinismo. Solo exige que la ley sea, de una vez, la misma para todos. Como escribió George Orwell, «en tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario». Hoy, esa verdad debe ser institucional: que la justicia no elija sus batallas.