Rodríguez se reúne con agentes sociales para abordar su participación en el Plan Estatal de Vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se ha reunido este viernes con los agentes sociales para abordar su participación en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y tratar de conseguir que este plan llegue "a la gente que lo necesita".

En la reunión han estado presentes los sindicatos UGT y CCOO, así como entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Hogar Sí, Fundación del Secretariado Gitano, Provivienda, la Plataforma del Tercer Sector y la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales.

Tras las reunión, Rodríguez ha señalado que es la primera vez que se incorpora a las entidades sociales como colaboradoras en la gestión del plan y ha subrayado que, en los trabajos para afrontar el desafío de la vivienda, "no sobra nadie".

De esta forma, ha recalcado que las organizaciones sociales que atienden el derecho a la vivienda también pueden ser ejecutoras del plan y acompañar a las administraciones públicas y poner vivienda a disposición de las personas que lo necesiten.

Las entidades colaboradoras podrán, a través de los 7.000 millones de euros con los que está dotado el plan, comprar viviendas y movilizarlas para que formen parte del parque público de viviendas.

La titular de la cartera de Vivienda ha recalcado que estas entidades serán, de esta forma, protagonistas del plan para atender a "lo más desfavorecidos" porque, pese a que el de la vivienda es "un problema transversal, hay personas que están en una mayor dificultad", como es el caso de las 40.000 personas sin hogar que hay en España.

Rodríguez ha hecho una valoración "muy positiva" de esta reunión, que da continuidad a la conferencia sectorial de vivienda celebrada este jueves, donde todas las comunidades autónomas aceptaron acogerse a este Plan Estatal.

LOS SINDICATOS RECLAMAN TRANSPARENCIA
Por su parte, UGT y CCOO han señalado que valoran positivamente algunos de los avances del nuevo plan, pero consideran "imprescindible" reforzar los mecanismos de transparencia, evaluación y control sobre la gestión de los fondos públicos por parte de las comunidades autónomas.

Por ello, reclaman al Gobierno un paquete adicional de medidas normativas y administrativas orientadas a mejorar la transparencia en la gestión de los fondos públicos destinados a vivienda, garantizar la correcta ejecución de los programas y evitar situaciones de bloqueo o inacción institucional.

En un comunicado, recalcan que la vivienda constituye "un pilar esencial del Estado del Bienestar" y un derecho social básico que "no puede quedar condicionado por disputas competenciales ni por la falta de voluntad política de determinados gobiernos autonómicos".

Por ello, consideran necesario que el Estado refuerce sus capacidades de coordinación, evaluación y, en su caso, corrección de desviaciones en la ejecución del Plan.

Además, consideran que los 7.000 millones con los que está dotado el Plan (60% financiado por el Estado y 40% por las CCAA) "siguen siendo insuficientes" para afrontar la actual crisis de acceso a la vivienda y recuerdan que España está "muy por debajo de la media europea" en inversión pública de vivienda. En este sentido, piden que se alcance, al menos, el 1% del PIB anual destinado a políticas públicas de vivienda.