UPA exige una Ley de Agricultura Familiar para frenar el acaparamiento de tierras por fondos de inversión

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Aragón ha vuelto a advertir de que, sin la aprobación de una Ley estatal de Agricultura Familiar, como llevan más de una década reivindicando, no será posible frenar el fenómeno de "la compra masiva de tierras por parte de fondos de inversión, que amenaza con dejar en manos de las grandes corporaciones la producción agraria".

Esta norma, además, garantizaría que el futuro del modelo de explotación familiar, mayoritario en Aragón y otras muchas comunidades, según la organización agraria.

Han criticado que el ministro de Agricultura, Luis Planas, diga que es "inútil" aprobar esta norma hasta que no esté lista la reforma de la Política Agraria Común (PAC), puesto que es la Ley de Agricultura Familiar la que "debe marcar el paso a Europa, y no al revés".

Para UPA, esta ley "puede liderar el camino de la agricultura y la ganadería comunitarias", como ya ha ocurrido con la Ley de la Cadena Alimentaria, con la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales y la Ley de Titularidad Compartida.

Desde 2023 Aragón cuenta con una ley propia de Agricultura Familiar, si bien la norma fue reformada en 2025. Por ello, la organización agraria ha exigido a la nueva Consejera de Agricultura, Arancha Simón, que asegure su cumplimiento y que se adapte definitivamente al modelo de explotación familiar, que representa al 99% del tejido agrícola y ganadero aragonés.