Cantabria pedirá una moratoria para la cotización a la Seguridad Social de las prácticas de FP

Varias comunidades rechazan esta medida que abordarán con el Ministerio en una Conferencia Sectorial el 13 de diciembre

Cantabria defiende una moratoria para implementar la cotización a la Seguridad Social de las prácticas de Formación Profesional (FP) y así lo solicitará en la Conferencia Sectorial de Educación que el Ministerio ha convocado para el 13 de diciembre de forma online, aunque la comunidad ha pedido que se celebre presencialmente.

Esta previsto que el nuevo modelo de FP entre en vigor el 1 de enero de 2024 --inicialmente iba a ser el pasado mes de octubre y se aplazó-- pero al menos 13 comunidades rechazan la cotización de las prácticas impulsada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional ya que les supone un coste adicional y sobre todo "un escenario de muchas incertidumbres de gestión".

El consejero cántabro del área, Sergio Silva (PP), ha defendido la necesidad de "hacer ver al Ministerio que los alumnos de FP son alumnos y no trabajadores", y, por lo tanto, que la medida de su alta en la Seguridad Social "puede ser perjudicial porque puede disuadir empresas".

Según ha precisado, en Cantabria el coste de aplicar esta medida será de en torno a los 250.000 euros, aunque entiende que "eso es lo menos importante" comparado con que "atravesamos la frontera de la diferenciación entre alumno y trabajador, y eso nos genera unas complicaciones de gestión que no sabemos en qué van a acabar".

"Necesitamos a las empresas, necesitamos crear mayores climas de confianza, de entendimiento, y con altas en la Seguridad Social de alumnos no contribuimos a hacer eso", ha opinado el consejero en declaraciones a los medios en el CIPF La Granja de Heras, donde este miércoles ha inaugurado junto a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, las nuevas instalaciones ganaderas y agroalimentarias para los ciclos formativos.

Como ha dicho, Cantabria y otras comunidades que "han dado un paso firme al frente" aspiran a lograr "al menos una moratoria" para empezar a aplicar esa cotización de los alumnos en la Conferencia Sectorial, a la que les convocó ayer por la tarde el Ministerio. Una convocatoria a la que, esta mañana, la Consejería cántabra ha respondido pidiendo que se celebre de forma presencial.

Silva ha incidido en la "preocupación" que impera en las comunidades por la aplicación del nuevo modelo de FP que recoge la Ley Orgánica 3/2022. De hecho, ha señalando que desarrollarlo "a medio y a largo plazo" es uno de los "grandes retos" de la comunidad, junto al de elaborar un Plan estratégico de la Formación Profesional para el periodo 2024-2027 que planifique "hacia dónde queremos ir".

Preguntado por futuras reuniones con la Junta de Personal Docente, el consejero ha indicado que no hay ninguna fijada a corto plazo ya que su departamento está inmerso en la negociación del presupuesto para 2024 y esa es ahora la "prioridad para poder implementar muchas de las medidas que nos reclaman".

Así, lo que hay previsto por ahora son reuniones de la Dirección General de Personal Docente que giran en torno a las cuentas, que está previsto aprobar en el Parlamento el 21 de diciembre.

La presidenta de Cantabria también se ha referido durante su intervención en la inauguración de las instalaciones del CIPF La Granja a la moratoria que la comunidad va a incluir en su agenda de reivindicaciones al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

En su opinión, esta nueva exigencia, en lugar de un estímulo o un incentivo, es "una carga" y "un freno", porque desincentiva a las empresas e instituciones, "pone en jaque" el sistema de formación y provoca "inseguridad jurídica, desigualdad y exclusión de alumnos".

Por ello, espera que el Ejecutivo central dé marcha atrás en esta medida, aunque mientras tanto, el Gobierno de Cantabria incluirá en los presupuestos del próximo año una partida de 250.000 euros para asumir la gestión y el pago de las cotizaciones de los más de 9.000 alumnos a los que podría afectar en la región.