El Consejo de Política Fiscal se celebra este lunes para informar de los objetivos de estabilidad a las CCAA

Montero insiste en que, aunque el Senado tumbe la senda de déficit, cuenta con seguridad jurídica para hacer los Presupuestos de 2024

El Gobierno ha convocado para este lunes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el objetivo de informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad que servirán de referencia para preparar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024.

Este órgano, del que forman parte los gobiernos central y autonómicos, debe emitir un informe previo a la aprobación de esa senda de estabilidad, que también debe ser tenida en cuenta para la preparación de los presupuestos de cada una de las comunidades.

El CPFF se reunirá coincidiendo con el día que finaliza el plazo para que los distintos centros gestores de los Ministerios remitan a la Dirección General de Presupuestos sus propuestas para el proyecto presupuestario, una ley que el Gobierno quiere llevar cuanto antes al Congreso. Eso sí, dado que no habrá nuevas cuentas antes del 31 de diciembre habrá que prorrogar las de este año hasta que puedan aprobarse las de 2024.

LO PRIMERO, EL TECHO Y LA SENDA
Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, antes que el proyecto de las cuentas públicas, el Gobierno debe aprobar en Consejo de Ministros tanto el límite de gasto no financiero --techo de gasto-- como los objetivos de estabilidad presupuestaria, previo informe del CPFF, para después remitir todo a las Cortes.

Las Cortes Generales se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno, que en esta ocasión deberán estar alineados con las normas fiscales europeas, tras años suspendidas por la pandemia.

Además, en esta ocasión existe la incertidumbre de qué pasará en el Senado, puesto que el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y podría rechazar los objetivos de déficit y deuda que acompañan al techo de gasto.

Desde el Gobierno insisten en que cuentan con seguridad jurídica para poder redactar las cuentas públicas incluso si el Senado tumba la senda de estabilidad.