CyL reclama el IMV pero espera conocer la letra pequeña porque no aceptará condiciones diferentes a las de País Vasco
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas, ha asegurado que la Comunidad "siempre" ha pedido gestionar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) pero ha señalado que espera conocer la letra pequeña de esta transferencia del Estado, ya que la Comunidad no aceptará condiciones diferentes a las que se dieron en País Vasco o Navarra.
Blanco Llamas ha respondido de este modo después de que el Consejo de Ministros aprobara este miércoles su cesión a las comunidades autónomas con régimen común que lo soliciten para equipararlas a las comunidades autónomas de régimen foral que ya lo tenían cedido, como son País Vasco y Navarra.
La consejera, que ha comparecido junto al portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha defendido que la Comunidad quiere "la gestión competencial total" del IMV y "los recursos necesarios para poder hacerlo".
Blanco Llamas ha recordado que ya en junio de 2020 las Cortes, con el apoyo del PSOE, reclamó la gestión de este ingreso, algo que se reiteró en septiembre del mismo año en el Parlamento ya entonces sin el apoyo de los socialistas.
"Lo primero que hay que ver es la letra pequeña en qué consiste y qué es lo que quieren transferir, Castilla y León no va a aceptar ser una Comunidad de segunda", ha insistido Blanco Llamas, quien ha defendido en que Castilla y León sabe gestionar este recursos, algo que ya ha hecho con la Renta Garantizada de Ciudadanía, frente la las "chapuzas" del Gobierno central.
Entre estas "chapuzas" de gestión la consejera ha señalado que la Junta ha tenido que "complementar" a muchas familias porque las cuantías del IMV no llegaban a lo que percibían por la Renta Básica de Ciudadanía, a lo que ha sumado que muchos ciudadanos no recibían ninguno de los dos ingresos porque su solicitud al Gobierno no se admite, lo que les incapacita para acceder a la Renta Básica de Ciudadanía, una situación que, como ha precisado, afecta "a un tercio de los solicitantes".

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