La Comisión de Venecia avala la ley de amnistía en su informe preliminar

Cree que no es apropiada que se tramite por la vía de urgencia
La Comisión de Venecia avala la ley de amnistía en su informe preliminar en el que se recoge que esta norma no afectaría a la separación de poderes, según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas.

Sin embargo, fuentes del Consejo de Europa han señalado además que todavía no hay ningún informe definitivo.

De esta forma, el texto preliminar se someterá a debate los próximos 15 y 16 de marzo, donde se prevé que habrá discusión y posible cambios vía enmiendas. De tal forma, el documento definitivo se deberá aprobar en el plenario.

No obstante, la Comisión de Venecia hace tres recomendaciones en cuanto al ámbito material y temporal de aplicación del proyecto de ley de amnistía. Por un lado, recomienda definir "de forma más precisa el ámbito material y temporal" de aplicación de la norma, "para hacer más previsibles los efectos de la ley". En segundo lugar pide que se establezca un "nexo casual más estrecho" entre las consultas ilegales del 9 de noviembre y el 1 de octubre de 2017, "su preparación o sus consecuencias" y los actos de malversación y corrupción. En un tercer punto, el organismo recomienda eliminar los criterios de la sentencia firme para la exclusión de los delitos de terrorismo

La Comisión de Venecia señala que las amnistías "deben ajustarse a la Constitución" y que el control de constitucionalidad "se realizará a través de los órganos y procedimientos previstos el derecho internacional, en particular el derecho de los derechos humanos". Señala además que la cuestión de constitucionalidad debe resolverla el Tribunal Constitucional.

En este punto, la Comisión de Venecia expone que las amnistías "suelen estar motivadas por razones de reconciliación social y política", que son "objetivos legítimos" pero a los que debe seguir un procedimiento que "debe inspirarse en la inclusión, la participación, un calendario adecuado y debates públicos". Por tanto, entiende que la tramitación de la ley de amnistía no es apropiada realizarla por la vía de urgencia "dadas las consecuencias de largo alcance y la naturaleza a menudo controvertida de dichas leyes".

Así, señala que "dado que las amnistías son medidas impersonales que se aplican a todas las personas o a determinadas clases de personas, los criterios no deben diseñarse para cubrir a individuos concretos". "Las amnistías deben perseguir un objetivo legítimo en interés de la comunidad", recalca, al tiempo que afirma que "la unidad nacional y la reconciliación social y política son objetivos legítimos de las amnistías". "En opinión de la Comisión, la proporcionalidad exige que, en cada caso concreto, la amnistía propuesta sea un medio adecuado para lograr en última instancia la unidad y la reconciliación", destaca.

Además, avisa sobre las comisiones de investigaciones a jueces en sede parlamentaria que a éstos no se les puede exigir que informen sobre el fondo de los casos que han decidido "a nadie ajeno al Poder Judicial".

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha celebrado la decisión recalcando que "la amnistía es una herramienta para la reconciliación". "Y además cumple con los estándares internaciones. Es impecable y es positiva", ha escrito en redes.

La Comisión de Venecia inició el estudio de la Ley de Amnistía que pactaron el PSOE y las formaciones independentistas después de una petición que realizó el Senado, a instancias del PP.

De hecho, una delegación de la Comisión de Venecia visitó España los días 8 y 9 de febrero para reunirse con grupos parlamentarios de Congreso y Senado, el Gobierno, expertos constitucionales y asociaciones judiciales, entre otros, para recabar información sobre la iniciativa.

En esta visita, los miembros de la comisión se centraron en los trámites de la proposición de ley, tanto en el Congreso y el Senado, pero no entraron a valorar su contenido, ni pidieron detalles sobre lo relativo a delitos de terrorismo. De hecho, uno de sus miembros dejó claro a los diputados que su función no es valorar la idoneidad de la futura ley sino únicamente analizar si se han seguido los procedimientos técnicos adecuados durante su tramitación.