Vox se desmarca del PP al pedir el cierre de todas las oficinas de igualdad de Extremadura

Los grupos parlamentarios de PP y Vox en la Asamblea, que sustentan el gobierno de coalición de la Junta de Extremadura, han evidenciado sus diferencias en las políticas contra la violencia de género durante el debate de una iniciativa parlamentaria en el pleno de este jueves.

Ha sido a raíz de una propuesta presentada por Unidas por Extremadura, que ha sido apoyada por el PSOE, en la que se instaba a la Junta a que el Instituto de la Mujer se implique en las condiciones de trabajo y estabilidad laboral de las Oficinas de Igualdad y Violencia de Género.

La iniciativa ha sido rechazada por el Grupo Popular, que ha alegado que esta cuestión no es competencia de la Administración regional, sino de los ayuntamientos, y por su socio de gobierno, Vox, que se ha limitado a pedir el cierre de estas oficinas.

Lo ha hecho en una intervención en la que su portavoz parlamentario, Óscar Fernández, ha condenado la agresión sexual en manada a una menor de 16 años en Plasencia que ha trascendido este mismo jueves, al igual que el resto de grupos parlamentarios.

"Nosotros siempre, siempre, siempre estaremos con las víctimas y con los agredidos", ha dicho Fernández Calle, quien ha añadido que "en cuanto a las oficinas de igualdad, el Grupo Parlamentario Vox aboga por el cierre de todas ellas", antes de volver a su escaño sin argumentar su postura.

POSICIÓN DEL PP
Antes de su intervención, la portavoz de Igualdad del Grupo Popular, Teresa Tortonda defendía una enmienda --que no ha sido aceptada-- a la iniciativa de Unidas por Extremadura en la que planteaba sustituir todo el texto por otro en el que se reclamaba la necesidad de "continuar trabajando para mejorar las oficinas de Igualdad y Violencia de Género en todos sus aspectos", que los 'populares' justifican señalando que "no solo hay que prestar atención a la estabilización laboral y salarial para mejorar los puestos" de estas oficinas sino que "se trabaja en una mejora integral".

En palabras de la propia Teresa Tortonda, quien ha remarcado que la propuesta de Unidas por Extremadura "no es competencia de la Junta" sino que es responsabilidad de los ayuntamientos, el Gobierno de María Guardiola "está estudiando la mejor forma para que los profesionales sigan realizando la importante labor que realizan de manera estable y para que los usuarios de dichos servicios no vean mermada la calidad que debe tener su atención".

Además, ha remarcado que la "realidad" que se ha encontrado el gobierno de Guardiola es "una situación esperpéntica" en cuanto al funcionamiento de estas oficinas, una "situación de inestabilidad, de confusión, de arbitrariedad y de abandono".

La diputada de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, ha dicho que le "apena muchísimo" que la región tenga un Gobierno con unos socios, en alusión a Vox, que "hacen este tipo de declaraciones en esta Asamblea y que no se les cae la cara de vergüenza", justo el mismo día en el que se ha conocido la citada agresión en manada en Plasencia.

En defensa de su iniciativa, ha justificado su presentación a fin de continuar mejorando un servicio que es "básico", que está compuesto por 36 oficinas, de las cuáles casi 30 están en mancomunidades de municipios.

Del total de ellas, diez tienen sus plantillas sin estabilizar, catorce ya están en proceso de estabilización y nueve ya lo han finalizado.

Con su propuesta, lo que reivindicaban era un incremento de la financiación de las oficinas que "garantice la igualdad salarial" para todas ellas y los ajustes salariales al personal laboral que ya tiene la Junta de Extremadura.

DIFERENCIAS SALARIALES DE 12.000 EUROS
Según la iniciativa, hay un desajuste entre los salarios de las oficinas y las tablas salariales de la Junta de Extremadura para el personal laboral de Grupo 1 (A1-A2) en 2023, pues la retribución del de las Oficinas de Igualdad están entre 6.000 y 12.000 euros, dependiendo de cada caso, por debajo de las retribuciones del personal laboral de la Junta de Extremadura en la misma categoría.

Asimismo, instaba a la creación de una figura de coordinación entre el IMEX y las oficinas y a la adopción de un sistema de financiación por parte de la Junta que garantice la estabilidad de las plantillas y del recurso e impida la interrupción y la incertidumbre sobre la financiación del mismo.

A este punto se ha añadido una enmienda presentada por el Grupo Socialista, que ha sido aceptada por Unidas por Extremadura, en la que añadía que para ello se utilizara el marco jurídico de los Programas de Colaboración Económica Municipal.

La portavoz de Igualdad de los socialistas, Soraya Vega, ha reconocido que la propuesta de Unidas por Extremadura supone "un nuevo avance sobre un camino ya trazado y comprobado", en referencia a la "participación activa" de los ayuntamientos y de las mancomunidades.

Así, ha manifestado su acuerdo con la postura defendida por Nerea Fernández, si bien ha justificado su enmienda para que lo que plantea "sea factible cuanto antes a través de los programas de colaboración económica municipal".

Porque, ha argumentado, "la calidad de las trabajadoras va a permitir la continuidad de proyectos de prevención y sensibilización, va a asegurar la calidad de las intervenciones, va a mejorar la situación de mujeres que están viviendo ese proceso de recuperación", ha dicho.