Moreno ve "indigno" el pacto con Bildu para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana tras el tercer grado al etarra Iragui

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este jueves con dureza el pacto anunciado por el Gobierno con Bildu para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana un día después de conocerse la concesión del tercer grado al terrorista Harriet Iragui Gurruchaga, condenado por los asesinatos del que fuera fiscal jefe de Andalucía Luis Portero, del concejal del PP José María Martín Carpena en Málaga y del doctor Antonio Muñoz Cariñanos en Sevilla.

"En pocas horas, conceden beneficios penitenciarios al asesino de Martín Carpena, Luis Portero y Muñoz Cariñanos y Sánchez pacta con Bildu reformar la Ley de Seguridad Ciudadana. Es indigno y una vergüenza", ha asegurado Moreno en su cuenta de la red social X, antes Twitter, donde ha subrayado que "hay líneas rojas que no se pueden cruzar para mantener el poder".

El acuerdo entre el Gobierno y Bildu para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana incluye acabar con el uso de las actuales pelotas de goma por parte de las Fuerzas de Seguridad, acabar con la "discrecionalidad" en la imposición de sanciones administrativas por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia y también presentar en un plazo de seis meses una reforma de la Ley de Extranjería para poner fin a las conocidas como 'devoluciones en caliente' de migrantes en frontera.

Sobre la concesión del tercer grado al etarra Harriet Iragui ya se pronunció este miércoles la consejera portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, que lo enmarcó en la política de "presos por presupuesto", como "ya ocurrió en 2021" cuando el líder de la actual Bildu, Arnaldo Otegui, vinculó el apoyo de su formación a los Presupuestos Generales a la salida de presos de la cárcel.

"Presos por presupuesto. Ésta es la debilidad de un Gobierno que cede permanentemente al chantaje del independentismo y el terrorismo", sentenció Carolina España. Sobre este asunto, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado que la concesión "viene avalada por la autoridad judicial".