El Congreso exige reducir la jubilación de los transportistas a los 60 años, con abstención de PSOE y Sumar

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves una iniciativa de Esquerra Republicana (ERC) con la que insta al Gobierno a establecer la jubilación de los profesionales del sector del transporte de mercancías por carretera a los 60 años, con la posibilidad de hacerlo a los 58 mediante coeficientes reductores.

La medida ha salido adelante con la abstención de PSOE, Sumar, PP y Vox, mientras que Bildu, Podemos, BNG, UPN, Coalición Canaria y Junts han votado a favor. Se trata de un punto que ERC incluyó en una moción consecuencia de una interpelación urgente que el grupo dirigió al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

También se ha aprobado pedir al Ejecutivo una cláusula obligatoria en los contratos de transporte que garantice indemnización por paralización a partir de la primera hora de espera en las cargas y descarga, así como imponer un plazo máximo de pago de 30 días desde la fecha de factura, sin posibilidad de pactos que lo extiendan.

NO HACER CARGA Y DESCARGA
Además, la Cámara urge a impedir que los conductores realicen labores de carga y descarga, eliminando la posibilidad de pactos en contra, así como a realizar las modificaciones necesarias en el cuadro de enfermedades profesionales y demás normativa en materia laboral y de Seguridad Social para garantizar que todos aquellos accidentes y enfermedades relacionados con las jornadas de trabajo de los transportistas sean reconocidos como derivados de contingencias profesionales.

A esto se suma una petición para garantizar la vigilancia en los polígonos y áreas de servicios para prevenir robos a camiones y mercancías; habilitar áreas cómodas y adecuadas en los centros de carga y descarga que incluyan zonas de descanso; aumentar la inspección para garantizar el cumplimiento estricto de la normativa vigente sobre cabotaje; y regular y sancionar a las grandes empresas que tributan fuera del Estado para evitar que tumbe fuera del Estado español para evitar que operen con ventajas "injustas".