Marlaska insiste en limitar el acuerdo con Junts: "No es una cesión, ni pago, ni atentado a la seguridad de la Nación"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este miércoles en el Congreso que el acuerdo entre PSOE y Junts para delegar competencias migratorias, siendo "importante" en su contenido, lo que busca es una mejor "gestión coordinada" con la Generalitat, pero limitándolo al "ámbito concreto" de cuestiones como las devoluciones o la "acogida y ayuda a personas migrantes, los permisos, y la contratación en origen".

"No es una cesión, ni un pago, ni mucho menos una claudicación, ni un atentado contra la seguridad del país ni contra la unidad de la Nación", ha indicado Marlaska en un debate por una interpelación del PP en la que se ha mostrado convencido de la constitucionalidad del texto, remitiéndose a que el acuerdo alude al artículo 150.2 de la Carta Magna para la delegación de competencias.

El diputado del PP Carlos Rojas se basado en las palabras del líder de Junts, Carles Puigdemont, para advertir que un "prófugo de la Justicia" dijo que con estas competencias Cataluña estará más cerca de ser una nación. "¿Qué más necesita para retirar la proposición de ley?", le ha preguntado.

FALTA DE RIGOR EN LAS CRÍTICAS
Marlaska ha reiterado, como ha dicho previamente en sendas preguntas en la sesión de control del Gobierno de PP y Vox, que el pacto con Junts "no cede el control de fronteras ni cede el control sobre los flujos migratorios irregulares" --subrayando varias veces la palabra "irregulares"--, así como tampoco "expulsa a Policía y Guardia Civil de Cataluña".

El titular del Interior ha lamentado la "falta de rigor" en las críticas lanzadas desde los partidos de la oposición, que coinciden con lo expresado frente al Congreso este miércoles por una docena de sindicatos de la Policía y la Guardia Civil, que acusan al Gobierno de pactar una "cesión ilegal".

"A ver si queda claro: no es ninguna cesión ni transferencia de competencias del Estado", ha defendido Marlaska desde la tribuna de la Cámara Baja, indicando que "ningún artículo" de la proposición de ley firmada por PSOE y Junts alude a estas cuestiones.

Marlaska ha subrayado que, si se aprueba la ley, los Mossos d'Esquadra tendrán competencias en devoluciones, pero de aquellas personas que "tengan prohibición de entrada en territorio nacional, con nombres y apellidos".

POLICÍA Y GUARDIA CIVIL SEGUIRÁ HACIENDO MISMO TRABAJO
Es decir, el Estado seguirá ejecutando las sanciones que conlleven expulsión ya que, ha especificado de modo gráfico, "la Policía sellará el pasaporte".

"La Policía Nacional y la Guardia Civil van a seguir haciendo el mismo trabajo en frontera; la Policía controlará como hasta ahora las entradas y salidas y la Guardia Civil el registro fiscal", ha dicho, lamentando que Feijóo hoy "se haga una foto" con los policías y guardias civiles que protestaban frente al Congreso pero, cuando era presidente de Galicia, "pidió la transferencia de tráfico".

"No se ponen en peligro los derechos de españoles ni de migrantes", ha continuado Marlaska, añadiendo que si se aprueba la ley pactada con Junts lo que se hará es "ofrecer más oportunidades" a los migrantes, ya que se "protege los derechos y la cohesión social" al mejorar la coordinación con la Generalitat en cuestiones como la contratación en origen.

Según Marlaska, "la migración es algo mucho más complejo" que el control de fronteras. "No peligra la unidad del Estado, la única vez que peligró fue en octubre de 2017, con la declaración unilateral de independencia", ha añadido.