La directora de Apoyo a Víctimas defiende el procedimiento de ayudas a víctimas del 17-A y ve margen para mejorar la ley

Junts y ERC han trasladado las críticas de algunas víctimas del atentado de 2017 que se consideran abandonados por la administración

La directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torija, se ha defendido este martes en el Congreso de las críticas trasladadas desde Junts y ERC al sostener que la "práctica totalidad" de las víctimas del atentado del 17-A en Cataluña han recibido las indemnizaciones, cumpliendo con lo establecido por la sentencia judicial y la ley 29/2011.

A preguntas de los partidos independentistas catalanes en la comisión de investigación por el atentado yihadista de agosto de 2017, Torija ha reconocido que aún "puede haber un cierto recorrido de mejora" de la ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

"Hemos hecho alguna modificación de la ley para equiparar los derechos de las víctimas que sufren atentados fuera de España con los que sufren atentados en España, pero, efectivamente, creo que puede ser una conclusión de esta comisión de investigación: puede haber mecanismos o puede haber todavía cierto recorrido de mejora", ha asegurado Torija.

Respondiendo a una de las quejas expresadas reiteradamente por Junts y ERC, la responsable de la dirección general dependiente del Ministerio del Interior ha apuntado a una posible mejora para facilitar el reconocimiento de las indemnizaciones a las víctimas con lesiones psicológicas.

RELACIÓN DE AFECTADOS EN EL LUGAR DEL ATENTADO
Según Torija, estas indemnizaciones requieren que los primeros intervinientes tras producirse el atentado --tras atender la emergencia y garantizar la seguridad-- lleven a cabo "una relación de todas las personas que se encontraban en el lugar", ya que esto luego será "determinante" en las primeras ejecuciones de indemnizaciones por vía administrativa.

Torija ha recordado las diferencias entre las indemnizaciones por vía administrativa y las que se validan posteriormente por un juez mediante sentencia, como ocurrió con el atentado del 17-A. En este sentido, ha apostillado que las cantidades de las indemnizaciones son iguales porque son las que se recogen en la ley 29/2011, aunque las cifras exactas queden determinadas por la sentencia judicial.

En el caso del atentado del 17-A ha recordado que se aprobaron 144 indemnizaciones por vía administrativa y que luego, con la firmeza de la sentencia, se contactó por carta y telefónicamente con 233 personas que podían recibir ayudas, si así lo solicitaban, dentro de un procedimiento que aún continúa abierto.

"Cuando yo llegué a la Dirección General, estaban resueltos prácticamente la totalidad de los expedientes de indemnizaciones y ayudas", ha indicado al remontarse a su nombramiento en 2020, concretando que "quedaban cinco expedientes por resolver de víctimas de terceros países en los que se recababa informes médicos".

La sentencia se publicó en primera instancia en 2021, momento en el que desde la dirección general se informó a las asociaciones de que se iba a proceder a la ejecución de las ayudas. "En el plazo de menos de un año prácticamente resolvimos la totalidad de las solicitudes de cumplimiento de sentencia que recibimos", ha añadido.

RELACIÓN CORRECTA CON LA GENERALITAT
En su comparecencia ante la comisión de investigación, la directora general ha calificado de "correcta" la relación con la Generalitat Cataluña y ha indicado que "entiende las opiniones y sentimientos" de algunas víctimas del 17-A que, como han indicado desde Junts y ERC, dicen sentirse abandonados por la administración.

No obstante, Torija se ha remitido a los requisitos que exige la ley para acreditar que la víctima "estaba en el lugar y en el momento del atentado", así como que ha sufrido "daños personales físicos o psíquicos y que esos daños personales son consecuencia directa del atentado".