La fiscal Delgado ve cerrada la vía penal para reparar a víctimas del franquismo y ofrece la justicia civil

Destaca que un juzgado de Ferrol ya ha dictaminado el asesinato de sindicalista por la Policía del régimen en una marcha pacífica 

La fiscal de Sala Coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, ha admitido este lunes la dificultad para que los crímenes del franquismo sean juzgados en la vía penal, pero ha destacado la oportunidad de brinda la vía civil para lograr una resolución judicial en la que, al menos, se deje constancia de los delitos de los que fueron objeto las víctimas, aunque no se pueda castigar penalmente a los responsables.

Ha sido durante su intervención en un acto organizado en el Congreso con motivo del Día Internacional del Derecho a la Verdad que ha congregado a representantes de asociaciones memorialistas y se ha hecho balance de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022.

La que fuera ministra de Justicia ha reconocido que esa norma no ha servido para que los juzgados investiguen los crímenes franquistas pues, según ha explicado, sus titulares siguen amparándose en la Ley de Amnistía de 1977, en el hecho de que los victimarios están muertos o en que los hechos han prescrito para desestimar las querellas de víctimas o asociaciones.

EXPEDIENTE DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
"Nos encontramos dificultades en los órganos judiciales que nos dicen que, si no es para sentar a alguien en el banquillo, no podemos iniciar un procedimiento", ha denunciado Delgado. Sin embargo, ha enfatizado que, aunque no se pueda acusar a nadie, sí se puede investigar en virtud de los convenios internacionales suscritos por España que establecen que las víctimas tienen derecho no sólo a una "investigación efectiva", sino también a "la verdad desde espacios de Justicia" para determinar "qué sucedió y de qué manera".

En este contexto, Delgado ha subrayado que "la respuesta punitiva es muy difícil, pero la investigación desde espacios de Justicia no" y ahí es donde entra la vía civil. En concreto, ha mencionado la fórmula del expediente de jurisdicción voluntaria en el procedimiento civil, un proceso que pueden impulsar tanto los fiscales como las víctimas o asociaciones ante juzgados de primera instancia.

El objetivo es lograr que el juzgado investigue aquellos acontecimientos de los que se quiere dejar constancia para dictar lo que se conoce como "declaración judicial de hechos pasados", tras un juicio oral en el que comparecen testigos y se aportan pruebas. Esos hechos pueden ser penales, aunque no se siente a nadie en el banquillo.

SIN LÍMITE TEMPORAL PARA INVESTIGAR
Según ha explicado, "la potencialidad de este expediente de jurisdicción voluntaria permite investigar todo porque no hay límite temporal", lo que abre la puerta por ejemplo a indagar sobre el exilio, las víctimas de campos de concentración o también sucesos del tardofranquismo.

De hecho ya hay un ejemplo del triunfo de esta vía civil. Tras el archivo por parte de la Audiencia Provincial de A Coruña de una querella presentada por la muerte de un sindicalista en una manifestación en Ferrol en 1972, la familia recurrió a la jurisdicción voluntaria, y volvió a encontrarse con un 'no'.

Pero, con apoyo del fiscal, recurrieron esa inadmisión en apelación y la audiencia acabó dándoles la razón con el argumento de que la Ley de Memoria Democrática contempla en su exposición de motivos todo un abanico de procedimientos para la búsqueda de la verdad y la satisfacción del interés de las víctimas.

El juzgado tuvo que abrir el procedimiento y acabó dictando una resolución en la que se dejó negro sobre blanco que el sindicalista había muerto en el transcurso de una manifestación pacífica en defensa de derechos laborales como consecuencia de los disparos de la Policía franquista. Todo, ha detallado Delgado, después de un juicio en el que llegó a declarar como testigo la persona que trasladó a la víctima al hospital.

ESTO NO LO PARAN LAS LEYES DE CONCORDIA
En este contexto, Delgado ha ensalzado la labor que hacen los 45 fiscales de Memoria que trabajan en toda España acompañando a las víctimas, supervisando las exhumaciones, contribuyendo la inscripción registral de las defunciones correspondientes, hablando con los forenses para determinar cómo se produjeron las muertes, o exigiendo la apertura de archivos para obtener información, todo en el marco de diligencias preprocesales.

"Esto es imparable, porque hay una ley nacional para todo el Estado, cuya aplicación corresponde al Ministerio Fiscal y que no puede pararse por leyes autonómicas", ha defendido Delgado, en referencia a las llamadas 'Leyes de la Concordia' que están aprobando el PP y Vox en algunas comunidades.