Gobierno vasco denuncia que torturas policiales "cuestionan las bases más profundas de la legitimidad de una democracia"

EH Bildu destaca la "histórica" sentencia que constata los "tratos inhumanos" a la exdirigente de ETA Iratxe Sorzabal

La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, ha denunciado que las torturas policiales "cuestionan las bases más profundas de la legitimidad de un Estado democrático", si bien estas prácticas "jamás podrán justificar un solo atentado terrorista".

San José ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento vasco, a una pregunta de EH Bildu sobre una reciente sentencia de la Audiencia Nacional en la que se constata que la antigua dirigente de ETA Iratxe Sorzabal fue sometida a "tratos inhumanos" por parte de la Policía.

La parlamentaria de EH Bildu Eraitz Saez de Egilaz ha afirmado que esta es "una sentencia histórica", dado que "miles de ciudadanos y ciudadanas vascas han sido torturadas en manos de diferentes agentes policiales" sin que, hasta ahora, se hayan "aclarado" estos casos, cuyos responsables, en ocasiones, incluso han sido "premiados".

Además, la representante de la coalición soberanista ha denunciado que "las declaraciones hechas bajo torturas han servido para imponer condenas siguiendo criterios macabros contrarios a cualquier regla" del Estado de Derecho.

En su respuesta, San José ha recordado que el Gobierno vasco "lleva años trabajando en el reconocimiento de todas aquellas personas que fueron víctimas de torturas". En este sentido, ha afirmado que la voluntad de su departamento es "seguir trabajando en la misma dirección sobre las bases consolidadas durante los últimos años".

La consejera ha recordado que "el marco de acción de los demócratas es el Estado de Derecho", y que "fuera de él solo actúan los delincuentes y quienes no tienen otro objetivo que erosionar las bases de nuestra democracia".

En este sentido, ha afirmado que "la mejor demostración del funcionamiento del Estado de Derecho" es la sentencia sobre este caso, en la que --según ha recordado-- "el Poder Judicial decide anular una condena ante las evidencias del empleo de torturas para obtener un testimonio inculpatorio".

"ATAQUE A LA DIGNIDAD" HUMANA
"Nadie tiene derecho a abusar de su condición de funcionario para situarse al margen de la ley; se trata de actuaciones que merecen la más rotunda de las condenas por parte de todas aquellas personas que creemos y militamos en la defensa de los derechos humanos", ha manifestado.

San José ha añadido que "es preciso denunciar todos y cada uno de los casos" de torturas, porque cada uno de ellos supone "un ataque a la dignidad de las personas y a los fundamentos y derechos más básicos del individuo".

La consejera ha señalado que estas prácticas son "un abuso de poder de quienes tenían el mandato legal de proteger y salvaguardar a la ciudadanía", y que "cuestionan las bases más profundas de la legitimidad de un Estado democrático".

Por ese motivo, ha asegurado que su departamento "trabaja y trabajará para divulgar la realidad de estos abusos policiales, al igual que trabaja cualquier otra forma de violencia política". En este sentido, ha anunciado que próximamente se darán a conocer los actos organizados por el instituto Gogora con motivo del 'Día Internacional contra la Tortura', que se celebra el 26 de junio.

"ACTOS REPUGNANTES"
"Es un tema que nos preocupa y nos ocupa; y es necesario trabajar sobre estas cuestiones también desde la perspectiva de la memoria, para evitar cualquier tentación de emplear estos actos repugnantes como justificación de cualquier otra violencia", ha añadido.

De esa forma, ha advertido de que "las torturas jamás podrán justificar un solo atentado terrorista, de la misma forma que los atentados terroristas jamás podrán justificar el empleo de torturas". "Nada ni nadie, en el presente ni en el pasado, puede justificar el uso indiscriminado de la violencia o la violación de los derechos más básicos de cada individuo", ha manifestado.

La consejera ha añadido que "todas las personas que sufrieron estas violencias son víctimas de quienes pretendían erosionar las bases de nuestra democracia, ya fuese mediante la imposición de una patria estrecha y asfixiante, o en forma de métodos represivos heredados de tiempos predemocráticos, y que nada tenían que ver con lo que defendía la gran mayoría de la sociedad".

En ambos casos --ha añadido-- actuaban aquellos que "no tenían más objetivo que poner todos los obstáculos posibles a la construcción de una sociedad en libertad, y amenazar y condicionar a quienes queríamos vivir en una sociedad política y socialmente plural". "Las víctimas de las torturas, como las de cientos de casos de ETA todavía sin resolver, llevan demasiados años sufriendo el silencio institucional y social", ha lamentado.

Por todo ello, ha afirmado que su departamento "seguirá trabajando para garantizar a todas ellas su derecho a la verdad, la justicia y la reparación; y a toda la sociedad vasca, su derecho la no repetición.