Conflicto nacional por la atención a menores migrantes

Este encuentro marcará un antes y un después en la gestión del fenómeno migratorio que afecta a cientos de menores en España.

La clave será conocer qué territorios están saturados, cuáles exceden hasta tres veces su capacidad ordinaria y, por tanto, podrán solicitar la contingencia migratoria extraordinaria para proteger el interés superior de estos niños y adolescentes vulnerables.

El mecanismo de emergencia: ¿Una solución o un parche?

Cuando una comunidad esté sobrepasada en recursos y espacio, podrá solicitar formalmente esta contingencia, que el Estado deberá aprobar en un plazo máximo de cinco días naturales. Esta medida permitirá redistribuir a los menores migrantes no acompañados a otras comunidades con mayor capacidad, a través de una decisión coordinada en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Esta situación de emergencia revela no solo la presión humanitaria, sino también la tensión entre comunidades autónomas y el Ejecutivo central, que buscan un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad territorial.

Ministra Sira Rego advierte: “Las comunidades podrán cambiar las reglas… pero con unanimidad”

En palabras de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, esta reunión es la antesala de la Conferencia Sectorial que se celebrará en junio. En ella, las comunidades autónomas tendrán la posibilidad de presentar propuestas para modificar los criterios del real decreto-ley que regula esta materia. Sin embargo, advirtió que cualquier cambio requerirá voto unánime, un requisito que podría convertirse en un obstáculo para reformas urgentes.

“Se tiene que votar por unanimidad en la Conferencia Sectorial. Eso sí que es un requisito que viene contemplado en el real decreto”, declaró Rego ante los medios en el Congreso.

El pulso con las autonomías: críticas, bloqueos y recursos judiciales

El 5 de mayo, en una reunión extraordinaria que duró cerca de cuatro horas, las comunidades y el Gobierno volvieron a enfrentarse. Las autonomías gobernadas por el Partido Popular (PP) criticaron duramente los criterios del real decreto que consideran “arbitrarios y forzosos”. Además, denunciaron que no se les permitió votar sobre el reparto de migrantes.

La ministra Rego respondió con dureza: el real decreto ya está ratificado por el Congreso y reprochó al PP que no haya presentado propuestas concretas. “Cero propuestas del PP en una Conferencia que se ha centrado en el bloqueo”, afirmó, destacando la falta de aportaciones para abordar la crisis humanitaria en Canarias y Ceuta, los puntos más críticos.

Aragón en la diana: insumisión y batalla legal

El martes 27 de mayo finalizó el plazo para que las comunidades enviaran sus datos de acogida de menores migrantes. Sin embargo, Aragón no cumplió con la solicitud formal, lo que la ministra calificó como una “insumisión”. Este acto de desafío ha provocado que el Gobierno interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la comunidad aragonesa.

Además, el Ejecutivo ha presentado un contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo por el incumplimiento de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. La tensión política entre el Estado y Aragón refleja un serio conflicto institucional con implicaciones directas en la gestión de la crisis migratoria.

Canarias, el epicentro del drama: hacinamiento y desesperación

La situación en las islas Canarias es especialmente crítica. Su presidente, Fernando Clavijo, ha denunciado el “estado de hacinamiento y de mucha dificultad” en que se encuentran los menores migrantes no acompañados en la región. La falta de recursos y espacio obliga a Canarias a demandar urgentemente la redistribución y el traslado de estos jóvenes y niños.

El Gobierno coincide con esta demanda y planea iniciar los traslados este mismo verano, un paso que busca aliviar la presión en las zonas más saturadas y garantizar la protección de estos menores.

¿Qué viene ahora? Una batalla entre derechos, responsabilidades y capacidad de acogida

España se enfrenta a un momento decisivo. La reunión del 28 de mayo y la próxima Conferencia Sectorial de junio serán clave para determinar cómo se gestionará esta crisis social y política que tiene en jaque a varias comunidades autónomas y al propio Ejecutivo.

El equilibrio entre protección de la infancia migrante, solidaridad territorial y capacidad real de acogida está en juego. Y con la judicialización del conflicto en Aragón y las demandas urgentes de Canarias, el país mira con preocupación un futuro en el que esta cuestión puede marcar la agenda política y social durante meses.

El drama de los menores migrantes no acompañados ya no es solo una cuestión humanitaria: es una batalla política, institucional y social que exige respuestas inmediatas.