El Gobierno frena a Vox: 1.800 millones en impuestos a la producción eléctrica y nuclear en juego

La proposición de Vox pretendía suprimir el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), así como dos tributos asociados al combustible nuclear gastado y su almacenamiento. El Gobierno, en uso del artículo 134.6 de la Constitución, ha vetado su tramitación por "motivos presupuestarios", una facultad que le permite rechazar propuestas legislativas que alteren sustancialmente los ingresos del Estado sin su consentimiento.

Una línea roja fiscal en plena batalla energética

El Gobierno ha argumentado que estos tributos no están armonizados a nivel europeo y, por tanto, su modificación o eliminación debe ser evaluada bajo criterios estrictamente nacionales. La supresión —alega— afectaría negativamente a la estabilidad presupuestaria, a la consolidación de las finanzas públicas y a los objetivos en materia de transición ecológica. En ese marco, defiende que no se puede renunciar a instrumentos que compensan el impacto ambiental de determinadas fuentes energéticas, en particular, la nuclear.

El IVPEE, creado en 2013 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, grava directamente a los productores de energía eléctrica y está diseñado como un impuesto medioambiental. Según el escrito de disconformidad emitido por el Ejecutivo, este tributo refleja el coste de las inversiones necesarias en redes de transporte y distribución, así como los efectos ambientales asociados a su actividad. El documento subraya que se trata de una herramienta fiscal destinada a compensar a la sociedad por “costes relevantes” derivados de garantizar el suministro energético y mantener la sostenibilidad de la red.

Tensiones parlamentarias: PP y Junts ya lo intentaron antes

El intento de Vox no es el primero. En meses anteriores, PP y Junts trataron de eliminar el IVPEE mediante una enmienda introducida en una ley en fase de ponencia. Sin embargo, el Gobierno retiró dicha norma del trámite parlamentario, bloqueando la maniobra conjunta de Alberto Núñez Feijóo y Carles Puigdemont. Ahora, con el veto a Vox, el Ejecutivo demuestra que no está dispuesto a abrir una vía para debilitar los instrumentos fiscales del sistema energético.

La fiscalidad nuclear, bajo fuego político

La proposición de Vox también afectaba a los impuestos que gravan la producción y almacenamiento de residuos radiactivos. Ambos tributos —explica el Gobierno— cumplen una función medioambiental esencial y están concebidos como compensación por los “indudables efectos” que la energía nuclear provoca sobre la sociedad. Entre ellos, menciona explícitamente los riesgos asociados a la gestión de residuos, el impacto económico difícil de cuantificar y las servidumbres impuestas a las zonas donde se ubican las instalaciones.

En este sentido, el Ejecutivo subraya que se trata de tributos de carácter directo y naturaleza real, no armonizados en el entorno europeo, cuya finalidad es mitigar el coste social de una tecnología que, pese a su capacidad de generación estable, conlleva compromisos intergeneracionales. Su eliminación —advierten— podría debilitar la percepción de responsabilidad ambiental del Estado.

Un pulso político con implicaciones económicas de gran calado

La respuesta del Gobierno no solo evidencia la relevancia fiscal de estos impuestos, sino también su papel en el marco de una política energética que busca equilibrar sostenibilidad, seguridad y responsabilidad presupuestaria. El choque con Vox, y previamente con PP y Junts, revela hasta qué punto la fiscalidad energética se ha convertido en un campo de batalla ideológico y estratégico dentro del Congreso.

Además, el momento no es menor. Con la recaudación en el punto de mira tras varios ejercicios marcados por déficit estructural, el Ejecutivo ha dejado claro que no permitirá propuestas que comprometan ingresos clave sin una reforma integral que garantice sostenibilidad y control. El veto supone un mensaje contundente: no se tocarán los pilares del sistema fiscal energético sin consenso técnico, medioambiental y presupuestario.

Una decisión que marcará jurisprudencia política y legislativa

Este veto no solo frena una iniciativa concreta. Marca límites claros sobre hasta dónde pueden llegar las propuestas parlamentarias cuando afectan a la estructura fiscal del Estado. También refuerza el papel del Gobierno como guardián último de la estabilidad presupuestaria frente a propuestas que puedan poner en riesgo los compromisos macroeconómicos del país.

En plena transición energética y con el debate sobre el mix energético al rojo vivo, el Ejecutivo no solo ha vetado una proposición: ha trazado una línea roja con peso político, económico y jurídico. El pulso sobre los impuestos verdes y nucleares no ha hecho más que comenzar.