El Gobierno de CyL ve en la ponencia del Constitucional "importantes correctivos" a la Ley de Amnistía

El consejero de la Presidencia de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha evaluado este lunes el primer borrador de la ponencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Amnistía, sobre el que ha destacado que, aunque el texto avala la constitucionalidad de la norma, introduce "importantes correctivos" que, a su juicio, suponen una "seria enmienda" a la Ley impulsada por el Gobierno.

González Gago ha señalado que el documento, elaborado por la vicepresidenta primera del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, es todavía un primer borrador, "sujeto a su evolución posterior", pero ya refleja "acotamientos relevantes" respecto al texto aprobado en el Congreso. Entre los aspectos destacados, el consejero ha subrayado que la ponencia amplía el ámbito de la amnistía para incluir tanto a quienes apoyaron como a quienes se opusieron al procés, "de modo que no sólo los que estaban a favor, sino también aquellos que se opusieron al proceso tengan que entrar en amnistía, y esto supone un importante correctivo".

Asimismo, González Gago ha puesto el foco en la limitación temporal que introduce el borrador, al establecer que "queda cerrado a 2023" el periodo de hechos amnistiables, lo que, según ha explicado, impide que "el independentismo se pueda amparar en ello para intentar en el futuro realizarlo". El consejero ha recordado que la ley original permitía incluir hechos posteriores a esa fecha, algo que la ponencia rechaza expresamente.

En materia de procedimiento, ha destacado que el Tribunal Constitucional reconoce el derecho de la acusación particular a personarse en los procesos del Tribunal de Cuentas, y no sólo al Ministerio Fiscal, como preveía la ley, lo que considera "un tercer elemento muy importante".

Además, el consejero ha recordado que la ponencia resuelve el recurso presentado por el Grupo Popular en el Congreso, pero que quedan pendientes alegaciones de otras comunidades autónomas, como Castilla y León, que han planteado argumentos adicionales, entre ellos la crítica a que la ley se tramite como "ley singular" y ha subrayado la existencia de recursos prejudiciales pendientes en el ámbito europeo, lo que podría suponer nuevas correcciones en el futuro.

González Gago ha concluido que, aunque la ponencia reconoce la constitucionalidad del instituto jurídico de la amnistía, "va a estar sujeta a importantes matizaciones en múltiples ámbitos", y ha reiterado el compromiso de la Junta de Castilla y León de "utilizar todos los cauces legales" para defender los derechos de los ciudadanos de la Comunidad y el principio de igualdad recogido en la Constitución.