PP y Vox en Baleares convalidan el decreto que prorroga el plazo para acreditar el catalán en procesos de estabilización

La izquierda cree que el decreto supone una reducción de la financiación y reprueba las modificaciones del requisito del catalán

El pleno de este martes ha convalidado, con los votos a favor de PP y Vox, el decreto ley que prorroga de dos a cuatro años el plazo para acreditar el conocimiento lingüístico del catalán de los funcionarios en los procesos de estabilización.

Se trata da una medida pactada con Vox e incluida en el decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes de capitalidad de Palma e Ibiza, de Menorca Reserva de la Biosfera y de transporte interinsular de residuos de Formentera e Ibiza, aprobado en Consell de Govern el pasado 16 de mayo.

El decreto ha sido convalidado con 29 votos a favor de PP, Vox, Llorenç Córdoba y Xisco Cardona, dos abstenciones de Agustín Buades e Idoia Ribas (Vox) y 22 votos en contra de PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos. Los socialistas han solicitado que se tramitara como proyecto de ley pero no ha salido adelante.

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido en el pleno el objetivo del decreto, que es "mejorar el trato financiero" de Palma, Ibiza y del Consell de Menorca.

En este sentido, ha destacado que a partir de ahora habrá una reserva de crédito específica que permitirá concretar las aportaciones por ley de capitalidad y, por otro lado, ha puesto en valor que también se soluciona una "cuestión importante" como es el transporte de residuos entre Formentera e Ibiza.

En relación con la prorroga del requisito del catalán, Costa ha dicho que "no es un tema de lengua" sino que se amplía el plazo para "evitar despedir a 150 personas".

"Este Govern no despedirá a 130 trabajadores de la Fundación Atención a la Dependencia por una cuestión de un requisito lingüístico", ha defendido, agregando que fue el anterior Govern quien estabilizó a estos trabajadores sin requisito de catalán.

En este sentido se ha pronunciado el diputado de Vox Sergio Rodríguez, quien ha preguntado a la oposición si "tienen las santas narices de mirar a la cara a uno de los más de 100 trabajadores que quieren echar a la calle porque no saben catalán".

"Les estamos dando un tiempo prudente para adaptarse", ha dicho, reconociendo que "tampoco de importaría" que no se les pidiera el requisito porque "las lenguas no ostentan derechos, los ostentan las personas".

La diputada del PP Cristina Gil, por su parte, ha defendido la figura del decreto ley señalando que las financiaciones que contempla son de urgente necesidad. "Nos encontramos tras años de incumplimiento", ha subrayado.

Según la 'popular', la financiación que establece el decreto dará continuidad a la apuesta del Ayuntamiento de Palma para garantizar unos servicios públicos esenciales que, ha criticado, "habían desaparecido por completo".

Sobre la exigencia del catalán, Gil ha preguntado a la izquierda si "prefiere que se despida" a los trabajadores públicos. "Lo único que se hace es ampliar un plazo", ha remarcado.

LA IZQUIERDA RECHAZA EL DECRETO
Los grupos de la izquierda han rechazado el decreto ley, tanto por las modificaciones en las leyes de capitalidad como las del requisito de catalán en la sanidad. "Acaba de arrinconar el catalán en la sanidad pública", ha lamentado el socialista Marc Pons.

Para Pons, el problema no es la prorroga sino la eliminación de la remoción por el incumplimiento del nivel lo que, a su criterio, es la eliminación del requisito. "Instrumentalizan el catalán como elemento de confrontación", ha criticado.

En esta línea, el ecosoberanista Lluís Apesteguia ha reprochado que "en todos los decretos del PP hay un ataque al catalán". "Es lo que les pide el cuerpo", ha ironizado. "Dejen de decir que responde a no echar a los trabajadores", ha criticado el diputado, quien ha considerado que lo que quiere el Govern es que haya funcionarios de carrera sin acreditar el catalán.

También el socialista ha criticado que "no hay norma que apruebe el Govern de Prohens que no esté contaminada por este mercadeo de derechos y obligaciones en el que cada día se dedican PP y Vox".

De su lado, la diputada menorquinista, Joana Gomila, ha insistido en que la norma representa un "ataque a la lengua" y ha criticado que modifiquen el ITS pero que "no hayan sido capaces" de incrementarlo tal como anunciaron.

Igualmente, Pons ha rechazado que la capitalidad y Reserva de la Biosfera se puedan pagar con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). "Hay una reducción de la financiación", ha asegurado Pons, argumentando que "pierden dinero que se ahorra el conseller de Hacienda" ya que antes los ayuntamientos disponían de capitalidad e ITS y ahora "lo ponen todo en el mismo saco".

Apesteguia ha considerado también que los ciudadanos de Palma "pierden" con este decreto. "En la financiación --de Palma, Ibiza y Menorca-- podemos ir cogiendo dinero del ITS y de fondos europeos hasta que nos cuadre", ha dicho.

En relación con la modificación de la ley Reserva de la Biosfera, la menorquinista ha asegurado que supone la perdida de cuatro millones de euros que el Govern está comprometido a financiar.

También la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha rechazado el decreto al criticar que supone menor financiación. "La exposición de motivos es una falta de respeto porque no se esfuerzan ni en disimular", ha afeado.

MEDIDAS DEL DECRETO
El decreto modifica una disposición adicional del decreto de medidas urgentes para reducir la temporalidad en la ocupación pública (de junio de 2022) para prorrogar el plazo del que disponen los funcionarios para acreditar el conocimiento del catalán en los procesos de estabilización.

Así, aquellos que accedieron a un puesto de trabajo público sin tener el nivel lingüístico exigido, y que disponían de dos años para acreditarlo, ahora tendrán cuatro años.

También se incluye otra modificación para que no acreditar el nivel cuando finalice el plazo suponga la imposibilidad de participar en procesos de promoción, en lugar de la remoción del puesto de trabajo por falta de adecuación a las funciones.

Por otra parte, con el decreto se añade una disposición adicional a la ley de la función pública que rebaja el nivel de conocimiento que deben acreditar los celadores para acceder a la sanidad balear.

El decreto también hace referencia las leyes de capitalidad de Palma e Ibiza y a la de reserva de la biosfera de Menorca, así como al traslado de residuos de Formentera a Ibiza. En primer lugar, se transfieren 50 millones de euros al Ayuntamiento de Palma, correspondientes a las anualidades de 2024 y 2025.

De este modo, se garantiza que la aportación anual mínima que el Govern destine a Palma en virtud de la ley de capitalidad sea de 25 millones de euros, además del porcentaje mínimo de inversión territorializada en los presupuestos autonómicos, que se mantiene en el 16 por ciento ya vigente.

En la misma línea se modifican la ley de capitalidad de Ibiza y la ley de Reserva de la Biosfera de Menorca para asegurar en ambos casos que las aportaciones anuales mínimas sean de cuatro millones de euros para el Ayuntamiento de Ibiza y para el Consell de Menorca, respectivamente.

Para poder enmarcar adecuadamente la cofinanciación a cargo del Govern, se modifica la ley de simplificación administrativa --en el que es su tercer cambio en pocos meses-- para poder costear el traslado de residuos de Formentera hasta Ibiza.

La pequeña de las Pitiusas, de este modo, recibirá dos aportaciones de 1,4 millones de euros para financiar el transporte de residuos hasta Ibiza durante los años 2023 y 2024.