viernes, 6 de junio de 2025 21:07

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La AVT denuncia que el Gobierno Vasco suma ya cien terceros grados a presos etarras: "Podrá ser legal, pero no moral"

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado que el Gobierno Vasco ha traspasado la barrera de los 100 terceros grados a presos de la banda terrorista ETA, condición que permite a los reclusos salir de prisión pero regresando a dormir al centro penitenciario.
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Archivo - (I-D) La presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, interviene durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, a 17 de octubre de 2024, en Madrid (España).

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado que el Gobierno Vasco ha traspasado la barrera de los 100 terceros grados a presos de la banda terrorista ETA, condición que permite a los reclusos salir de prisión pero regresando a dormir al centro penitenciario.

En un comunicado, la asociación presidida por Maite Araluce ha calificado este paso previo a la libertad condicional como "una sangría de terceros grados a etarras" que "no cesa" y, "lejos de darnos una tegua", se aplicó este miércoles a otros tres reclusos de la organización terrorista, "todos con delito de sangre".

"Gregorio Escudero Balerdi, Ibai Arza Beovide y Unai Bilbao Solaetxe, son los asesinos que muy pronto podrán compartir más tiempo con sus familias y amigos sin haber colaborado con la justicia mientras las familias de sus víctimas vuelven a sufrir una nueva revictimización", ha reprochado AVT al Gobierno de Euskadi.

Según explican en su escrito, Unai Bilbao y Gregorio Escudero fueron "dos de los asesinos" del concejal del Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) en Orio Juan Priede, viudo y con tres hijos. Irrupieron en el bar en el que se encontraba el 21 de marzo de 2022, disparándole "a quemarropa, alcanzándolo en la nuca y causándole la muerte instantánea".

"Unai Bilbao fue uno de los autores materiales. Gregorio Escudero tomó buena nota de los hábitos y rutinas de Juan Priede para no fallar en la ejecución", prosigue la asociación, relatando que entre las víctimas de Escudero también se encuentra José Ignacio Iruretagoyena, concejal del Partido Popular (PP) en Zarautz y padre de dos hijos pequeños, que murió el 9 de enero de 1998 a consecuencia de una bomba lapa instalada en su vehículo.

La AVT está a la espera de que el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos García Berro informe si va a recurrir o no estos terceros grados, como ha hecho en otras ocasiones, y ha sentenciado que aunque sea legal permitir a los terroristas de ETA este cambio de condición como presos, no les parece "moral".

"UN POCO DE EMPATÍA"
"Sólo pedimos un poco de empatía y sentido común. ¿Cómo alguien que ha disparado a quemarropa a otra persona puede empezar a salir de la cárcel 10 años antes del final de su condena? Claro que vivimos en un Estado de Derecho y acatamos las leyes, pero consideramos que para delitos tan graves, lo mínimo es exigir el cumplimiento íntegro de las condenas", ha proseguido la asociación.

Según ha defendido, estos terceros grados están provocando en las víctimas del terrorismo "un sentimiento de revictimización continuo", ya que ahora tendrán que "soportar" que les hablen "de derechos humanos y justicia" en el Congreso de los Diputados, "los que hace muy poco decidían a punta de pistola en este país quién, según ellos, merecía morir".

Con todo, han advertido a las autoridades de que "si siguen abriendo las puertas de las cárceles a los asesinos" y cada vez "recortan más las subvenciones para asistir a las víctimas y concienciar a la sociedad", van a volver a convertirnos, "si es que no los somos ya, también en víctimas del sistema".

Según los datos de la AVT, un total de 134 presos de ETA se encuentran actualmente en cárceles españolas, de los cuales 126 están en el País Vasco y 8 en Navarra. De ellos, 50 cumplen condena en tercer grado, 17 están acogidos al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y 22 en libertad condicional (20 en el País Vasco y 2 en Navarra).

Solo 44 internos, un 32% del total, permanecen en régimen ordinario dentro de prisión, mientras que el 68% se encuentran en semilibertad o en régimen que les permite salir de prisión de forma habitual. Además, el cómputo total de traslados asciende a 102, incluyendo 84 presos y 18 movimientos repetidos tras revocaciones.

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