El Tribunal Supremo confirma que Álvaro García Ortiz filtró secretos del caso Ayuso para dañar a la oposición

Hurtado ha dictaminado el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Según el auto, García Ortiz filtró un correo electrónico relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, bajo “indicaciones” provenientes del Gobierno central. Esta filtración se realizó desde la Fiscalía General del Estado y el correo fue enviado a Pilar Sánchez Acera, entonces asesora en Moncloa y hoy número dos del PSOE en Madrid.

El magistrado sostiene que el objetivo de esta operación fue usar la información en contra de Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, evidenciando una instrumentalización política desde órganos públicos con fines partidistas.

Cadena de envío del correo y su uso político

El documento filtrado, un correo electrónico enviado originalmente por la defensa de Alberto González Amador a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024, ofrecía el reconocimiento de dos delitos fiscales a cambio de un pacto de conformidad con el Ministerio Público. Hurtado detalla que, antes de que el correo trascendiera a los medios, fue enviado desde la Fiscalía a Pilar Sánchez Acera.

Posteriormente, Sánchez Acera reenviaría ese mismo correo el 14 de marzo de 2024 a Juan Lobato, entonces líder del PSOE en Madrid, con la instrucción expresa de “tener cuidado con los datos personales”. Ese mismo día, Lobato utilizó el contenido del correo para atacar a la presidenta madrileña en la Asamblea regional.

El magistrado explica que la filtración se produjo antes de que el medio ‘El Plural’ difundiera una versión censurada del contenido, lo que confirma que la Fiscalía fue la fuente original del documento utilizado con fines políticos.

Contexto previo a la filtración y maniobras internas en la Fiscalía

El auto del Supremo también revela que, tras la publicación en el diario ‘El Mundo’ el 13 de marzo de 2024, titulada “La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales”, Álvaro García Ortiz, bajo indicaciones del Gobierno, coordinó un intenso intercambio de comunicaciones entre fiscales para preparar una respuesta oficial.

Según el magistrado, el fiscal general buscaba “ganar el relato” sobre la iniciativa del pacto penal, intentando desvincular a la Fiscalía de la acusación de haber ofrecido dicho acuerdo. Esta dinámica de defensa pública, según Hurtado, estuvo motivada más por cuestiones de imagen que por relevancia jurídica.

Impacto reputacional y riesgo para el derecho de defensa

El magistrado también subraya que la difusión del contenido del correo electrónico ha derivado en que Alberto González Amador haya sido calificado en algunos medios como “defraudador” o “delincuente confeso”, a pesar de que no existe sentencia condenatoria que lo confirme. Esta situación deriva, según Hurtado, de la divulgación de una información cuya obtención y difusión podrían considerarse ilícitas.

El juez advierte que esta revelación puede ocasionar un daño reputacional importante y afectar el derecho de defensa de González Amador. Además, resalta que la filtración compromete el sistema de conformidad penal, dificultando la celebración de un juicio en esos términos y poniendo en riesgo la posibilidad de alcanzar acuerdos que benefician a las partes.

Consecuencias jurídicas y para el proceso judicial

La revelación anticipada y la utilización política de la información comprometen no solo la imagen pública de los implicados, sino también el desarrollo justo del proceso judicial. Hurtado señala que la filtración podría condicionar el curso y desenlace del procedimiento penal, ya que un juicio de conformidad frustrado puede derivar en un proceso contencioso con elementos que ya han sido expuestos públicamente.

Este hecho, según el magistrado, supone una “eventual interferencia negativa para el derecho de defensa” y un “fracaso del sistema de conformidad tal como está concebido”, con implicaciones que podrían prolongar y complicar el juicio, además de mermar la confianza en la imparcialidad del proceso.

Independencia judicial y la transparencia institucional

La resolución del Tribunal Supremo sobre la actuación del fiscal general Álvaro García Ortiz abre un precedente trascendental en el control de la actuación de altos cargos judiciales y su posible instrumentalización política. La investigación judicial ha revelado un entramado de filtraciones y usos partidistas de información reservada que han impactado en la esfera política y judicial, con consecuencias graves para los derechos fundamentales de los afectados y para la transparencia institucional.

El caso subraya la importancia de preservar la confidencialidad en las investigaciones y la independencia de los órganos judiciales frente a presiones políticas, en un momento en que la confianza en las instituciones está especialmente comprometida.