Congreso y Senado encargan al Tribunal de Cuentas que revise las subvenciones a Bildu por llevar a etarras en sus listas

Interior subraya que todos los candidatos de Bildu firman un escrito renunciando a la violencia, pero PP y Vox lo dan credibilidad

El Congreso y el Senado han encargado al Tribunal de Cuentas que revise la subvenciones concedidas a Bildu en las últimas elecciones municipales para ver si cumple la previsión legal que impide financiar a formaciones políticas que llevan a condenados por terrorismo en sus listas, pese a que el Ministerio del Interior alega que todos los candidatos de la coalición abertzale firmaron un escrito renunciando al uso de la violencia para lograr fines políticos.

Se trata de una iniciativa impulsada por el PP para que la institución que preside Enriqueta Chicano realice "una fiscalización de los adelantos de subvenciones percibidos por EH Bildu como ingresos en las elecciones locales del día 28 de mayo de 2023" que complete el informe correspondiente que se hizo en su día sobre los gastos de campaña de aquellos comicios.

Esta controversia se suscitó a finales de febrero en el seno del Tribunal de Cuentas cuando el Pleno discutía la aprobación del informe, ya que cuatro de los consejeros, propuestos en su día por el PP, recordaron que en esos comicios Bildu incluyó a 23 candidatos que habían cumplido condenas por delitos de terrorismo y remarcaron que el artículo 127.4 de la Ley Electoral prohíbe dar subvenciones a formaciones que integren a condenados por terrorismo, salvo que hubieran "rechazado públicamente los fines y los medios utilizados".

VOTO PARTICULAR DE CONSEJEROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
En un voto particular recogido por Europa Press, estos consejeros argumentaban que el Tribunal de Cuentas tenía que bloquear el abono de las subvenciones electorales a Bildu hasta asegurarse de que sus candidatos condenados por terrorismo ratificaban su rechazo a la violencia.

Sin embargo, en el Pleno del Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano se impuso el criterio de la mayoría, que considera que la certificación del rechazo al terrorismo no es una tarea del fiscalizador, sino de que quien abona las subvenciones, que es la Dirección de Política Interior del Ministerio que encabeza Fernando Grande-Marlaska.

Cuando Interior pidió cuentas por la presencia de condenados por pertenencia o colaboración con ETA en las listas de Bildu, desde la formación abertzale se remitió declaraciones individuales firmadas por todas las personas incluidas en la relación enviada por el Tribunal de Cuentas, fechadas con anterioridad a la proclamación de candidaturas, en las que se dejaban claro el rechazo a la violencia.

"Como desarrollo de los principios y valores del Código Ético firmado, donde por un lado el diálogo, la negociación y el acuerdo son la base de cualquier método de trabajo y, por otro, el máximo respeto mutuo es la base entre quienes conforman la comunidad de EH Bildu así como con el resto de la ciudadanía, declaro que, hago mías las bases ideológicas y objetivos políticos de EH Bildu, rechazando con ello cualquier acto o actividad que suponga agresión o violación a cualquier derecho humano y al uso de la violencia para la consecución de objetivos políticos", recoge el texto firmado por los candidatos de Bildu.

Así las cosas, Interior daba por cumplido el requisito legal del rechazo al terrorismo y comunicó al Tribunal que había adoptado las medidas pertinentes para el abono de las subvenciones reclamadas por la formación que lidera Arnaldo Otegi.

1,3 MILLONES EN SUBVENCIONES
Pero el PP no da veracidad a esos escritos de los candidatos de Bildu y pidió un nuevo informe del Tribunal de Cuentas. Según ha explicado el diputado Eloy Suárez, el fiscalizador debió "manifestar al menos dudas razonables" sobre la presencia de condenador por terrorismo en las listas de Bildu, aunque luego fuera Interior quien decidiese si se abonaban o no las subvenciones. A su juicio, como al final Bildu se ha garantizad los 1,3 millones de euros en subvenciones, "Pedro Sánchez ya está más tranquilo"

La propuesta del PP ha sido apoyada por Vox, cuyo portavoz, Juan José Aizcorbe, ha dicho que "España no puede permitirse seguir financiando con dinero público a quienes hacen apología del terrorismo, blanquean a sus ejecutores y usan las instituciones para disolver la unidad nacional". "No se trata de prohibición, sino de justicia --ha añadido--. No se trata de censura, sino de memoria, una exigencia moral que el Estado deje de humillarse ante sus enemigos".

Por parte de Bildu, el senador Josu Estarrona ha negado las acusaciones subrayando que su formación es "una opción política democrática soberanista y de izquierdas", mientras que Dolores Etxano, del PNV, ha indicado que, aun cuando algunas decisiones de Bldu puedan parecer "ética, política o socialmente reprochables", no quiere decir que necesariamente sean ilegales.

Para el PNV, lo que busca el PP es "instrumentalizar el Tribunal de Cuentas para alimentar el partidismo" por mero "oportunismo político", algo en lo que coincide con el PSOE: "Esta comisión no debe ser caja de resonancia del PP y su filiales ultras", ha dicho el socialista Oriol Almirón, quien cree que el Tribunal de Cuentas no puede ser "una extensión del argumentario" de los 'populares'.

Al final, la Comisión Mixta ha aprobado este martes la iniciativa gracias a la mayoría absoluta de PP y Vox frente al PSOE y sus aliados vascos, y ahora el Tribunal de Cuentas deberá añadir esta fiscalización a su plan de trabajo.