Buntinduy dice que varias empresas no operan ya en territorios palestinos ocupados y pide a CEOE ayudar a que sean más

Cree que es "el camino a seguir" y enviará una carta hoy a Antonio Garamendi para que se implique

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado que varias empresas españolas han cesado su actividad en los territorios palestinos ocupados de forma ilegal por Israel, como requirió en mayo del año pasado a través de una misiva a las compañías.

También ha anunciado que remitirá una carta al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, para pedirle que la patronal "se implique" para que todas las empresas "no contribuyen de ninguna manera directa o indirecta" al "mantenimiento de la ocupación ilegal" que sufren los palestinos.

En una entrevista concedida a Radio Esukadi, recogida por Europa Press, el ministro ha expresado su "máxima preocupación" por la situación de los activistas desplazados para participar en la Marcha Mundial a Gaza, y ha trasladado su "agradecimiento a las activistas del mundo entero que están haciendo lo que no están haciendo los gobiernos, que es aumentar por todos los medios la presión política, internacional, diplomática, económica y comercial también sobre el Estado de Israel para poner fin a este genocidio insoportable".

"Es la responsabilidad de todos los actores políticos, sociales, económicos también, hacer cuanto esté en su mano para poner fin a esta situación que nos va a perseguir durante décadas", ha advertido el ministro, para quien "es de agradecer cualquier iniciativa para aumentar esa presión".

Pablo Bustinduy ha recordado que hace aproximadamente un año envió una comunicación a empresas españolas con actividad económica en territorios palestinos ocupados, "algo que es ilegal según el derecho internacional", y, aunque "se armó mucho revuelo", varias compañías "comunicaron el cese de su actividad" en esas zonas.

"Esto es una buena noticia e indica el camino a seguir, pero sigue habiendo empresas allí", ha apuntado el ministro, que ha anunciado Bunstinduy, quien no ha ofrecido datos sobre el nombre o números de empresas que han atendido su requerimiento.

Además, ha destacado que "hoy mismo" va a dirigirse por carta a Garamendi para instarle a que intermedie para asegurar que todos los agentes económicos españoles no participen, de forma directa o indirecta con el genocidio en Gaza, pero también "con la preservación y el mantenimiento de la ocupación ilegal de Palestina y del régimen de apartheid que sufren millones de palestinos y palestinas en este momento".

Tras recordar que "en la sociedad civil también hay campañas organizadas de boicot, de desinversión, de sanciones", ha insistido en que "es la responsabilidad de todos los actores hacer cuanto esté en nuestra mano para aumentar esa presión, porque solo así podremos romper esta dinámica genocida e insoportable".

Bustinduy ha destacado que "la Corte Internacional de Justicia, este mismo año, emitió una resolución en la que insta a todos los estados a que, en sus actuaciones y en el ámbito de su jurisdicción, hagan todo lo necesario para impedir que se consolide y se mantenga la ocupación ilegal de los territorios palestinos que están ocupados por Israel", por lo que "es una obligación que dicta el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, por supuesto, las empresas también tienen que hacerse responsables de que en ningún paso de su cadena de valor están contribuyendo al genocidio en curso o a la ocupación ilegal de Palestina".

ESPERA COLABORACIÓN DE LA CEOE
El ministro espera que la respuesta de la CEOE sea "de colaboración, como no podría ser de otra manera", porque no tiene "la más mínima duda" de que la patronal española "considera que el cumplimiento de los derechos humanos y de las obligaciones internacionales de las empresas españolas es una responsabilidad de primer orden". "No se entendería, sería incomprensible que no colaboraran para ello", ha considerado.

En la misma línea, ha recordado que desde el Ministerio también se emitió una instrucción para que el etiquetado de los productos provenientes de los territorios ocupados "lo refleje claramente", una obligación "también marcada por el derecho comunitario".

"Los consumidores y las consumidoras tienen el derecho, como mínimo, a disponer de la información suficiente y transparente para poder asegurarse de que con su comportamiento, sus compras o sus decisiones, no están contribuyendo a esta situación", ha indicado.

En mayo del año pasado Bustinduy instó por escrito a diversas empresas a adoptar "las medidas y actuaciones necesarias" para evitar que sus actividades económicas pudieran contribuir a las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos que, de acuerdo al Derecho Internacional, está llevando a cabo el Gobierno israelí contra la población palestina en territorios ocupados.

Por otro lado, el Ministerio ha detallado también que en octubre del año pasado ya publicó una nota informativa de cara a especificar en el etiquetado como procedentes de un "asentamiento israelí" y no como "productos de Israel" en base a lo dictaminado por la Comisión Europea sobre la indicación en el origen de este tipo de mercancías y en su no reconocimiento de la soberanía israelí en los territorios ocupados.

También en octubre de 2024, Pablo Bustinduy, en representación de los cinco representantes de Sumar en el Consejo de Ministros, envió una carta al Ministerio de Defensa para pedir formalmente cancelar todos los contratos de compra en curso con empresas vinculadas a la industria armamentística israelí y cesar las licitaciones con proveedores israelíes que suministran tecnología y material avanzado, así como equipos militares, para las Fuerzas Armadas.

SUMAR PRESENTÓ UNA LEY PARA QUE EMPRESAS NO OPEREN EN ASENTAMIENTOS
Asimismo Sumar, la coalición en la que se referencia Bustinduy, registró una proposición de ley en el Congreso para prohibir todo tipo de acuerdos de colaboración y asociación de las administraciones españolas con estados que ocupen territorios ilegalmente, como el caso de Israel y Marruecos en asentamientos palestinos y saharauis, respectivamente.

También estipula su iniciativa que las empresas del país no podrán realizar, de forma directa o indirecta, actividades comerciales, financieras y de inversión que contribuyan al mantenimiento de asentamientos ilegales en dichos territorios, al suponer una forma de "apartheid" como se produce en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.