El PP reta al Gobierno con una ley para mantener las nucleares y evitar un colapso económico y ambiental

Esta iniciativa plantea revertir el cierre progresivo de las centrales nucleares previsto para el año 2035, en un contexto de creciente preocupación política, económica y social tras el apagón del pasado 28 de abril, que ha reavivado la polémica en torno a la seguridad y la estabilidad del suministro eléctrico.

Tensiones políticas y presiones empresariales

El debate llega en un momento marcado por una clara fractura política. Mientras el Gobierno mantiene una postura contraria a la prórroga de la vida útil de las centrales, la oposición encabezada por el PP defiende firmemente su continuidad, respaldada además por un posicionamiento reciente de grandes empresas eléctricas como Endesa e Iberdrola. Estas compañías han presentado públicamente una propuesta para ampliar la operatividad de las centrales nucleares, señalando que su cierre anticipado podría tener consecuencias negativas para el sector energético y la economía en general. A pesar de ello, el Ejecutivo sigue descartando esta opción, lo que ha generado un choque interno también con sus socios de investidura, que en el pasado han mostrado reservas o abstenciones en asuntos vinculados a la energía nuclear.

La proposición de ley que se discutirá establece claramente que el cierre de cualquier instalación nuclear solo podrá realizarse si así lo decide el operador o si el Consejo de Seguridad Nuclear determina que no se cumplen las condiciones de seguridad establecidas. Con ello, se busca aportar una mayor seguridad jurídica a un sector que ha estado envuelto en incertidumbres políticas y regulatorias.

Repercusiones económicas: un riesgo para la competitividad y la estabilidad

Desde la perspectiva del Partido Popular, el cierre anticipado de las centrales nucleares supone un error estratégico con profundas consecuencias económicas. Según sus argumentos, acortar la vida útil de estas instalaciones no solo elevaría los precios de la electricidad, impactando directamente en los consumidores y las empresas, sino que también comprometería la estabilidad y garantía del suministro eléctrico en un país que depende cada vez más de la electricidad para su desarrollo industrial y social.

Además, la reducción del parque nuclear incrementaría la dependencia energética del exterior, afectando negativamente la balanza comercial, que en los últimos años ha acumulado un déficit creciente en productos energéticos. Este escenario supondría mayores importaciones de materias primas y recursos escasos, lo que a su vez erosionaría la competitividad de la industria española y la autonomía estratégica del país. En definitiva, se trataría de una decisión con un impacto económico y social que podría resentir la recuperación y el crecimiento, además de dejar a España más vulnerable ante fluctuaciones internacionales y crisis energéticas.

Impacto ambiental y compromiso con la descarbonización

Más allá de los aspectos económicos, la propuesta del PP subraya las consecuencias medioambientales que tendría una retirada prematura de la energía nuclear. Al tratarse de una fuente de generación eléctrica con emisiones nulas de gases de efecto invernadero, la energía nuclear es clave en la lucha contra el cambio climático. Su cierre anticipado supondría, según la formación, un aumento de las emisiones contaminantes al tener que sustituirse por tecnologías basadas en combustibles fósiles o fuentes menos limpias. Además, esto implicaría un incremento en la producción de residuos derivados de alternativas energéticas menos sostenibles, complicando los objetivos ambientales marcados a nivel nacional y europeo.

En este sentido, la iniciativa incluye la actualización del Plan General de Residuos Radioactivos gestionado por Enresa, proponiendo una extensión de hasta diez años para el horizonte de gestión de los residuos nucleares, con el objetivo de asegurar una planificación coherente y responsable que acompañe la prolongación de la vida útil de las centrales.

Propuesta integral para la planificación energética y la seguridad nacional

La ley que defenderá el PP también incorpora medidas para actualizar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), con el fin de que se reconozca el respeto al principio de neutralidad tecnológica. Esto significa que no se excluirá a priori ninguna fuente energética, en especial la nuclear, y se incorporarán como pilares de la planificación energética los principios de sostenibilidad, competitividad y seguridad de suministro en igual medida.

Por último, la propuesta insta al Gobierno a que, en un plazo máximo de seis meses, actualice la Estrategia de Seguridad Energética Nacional. Esta revisión deberá incluir una evaluación exhaustiva de los efectos que un posible cierre de las instalaciones nucleares tendría sobre la seguridad del suministro eléctrico y la autonomía estratégica del país, aspectos cruciales para garantizar la estabilidad económica y social en el medio y largo plazo.

Un punto de inflexión para el futuro energético de España

La discusión parlamentaria de esta propuesta marca un momento decisivo para el modelo energético español. Más que una simple cuestión técnica o política, está en juego la capacidad de España para mantener un suministro eléctrico seguro, competitivo y sostenible. La energía nuclear, que durante años ha generado controversia, reaparece ahora como una pieza fundamental para afrontar los retos ambientales y económicos del siglo XXI.

Este debate tendrá consecuencias no solo en los ámbitos energético y medioambiental, sino también en la economía y en el bienestar social, ya que impactará en los precios de la electricidad, en la competitividad industrial y en la lucha contra el cambio climático. La decisión que adopten los diputados definirá si España apuesta por una transición energética pragmática y equilibrada o si renuncia a una fuente que, para muchos expertos y sectores, resulta indispensable para garantizar un futuro sostenible y estable.