El Gobierno traspasa a Euskadi los trámites vinculados a las autorizaciones laborales para personas extranjeras

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto de traspaso a Euskadi de los trámites vinculados a las autorizaciones laborales para personas extranjeras, de forma que "se cumple así otro de los hitos incluidos por el Grupo Vasco en el pacto de investidura", según ha informado el PNV.

El Real Decreto, cuyo procedimiento se inició a instancias del Gobierno Vasco en la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco del pasado 6 de marzo, incluye las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena para extranjeros, las autorizaciones para trabajos de temporada, trámites relacionados con la gestión colectiva de contrataciones en origen e informes de verificación de contratos laborales y de formaciones requeridas para obtener el arraigo sociolaboral. Será efectivo a partir del 1 de julio de 2025.

Además, el Real Decreto prevé la constitución de una Comisión de Seguimiento para garantizar el traspaso y fórmulas de colaboración como el uso de aplicaciones informáticas, el intercambio de información o la suscripción de convenios y acuerdos.

En paralelo, el Consejo de Ministros también ha aprobado la ampliación de funciones en materia de inspección laboral traspasadas al País Vasco para acompañar las autorizaciones a personas extranjeras.

"Nuestro trabajo en Madrid es defender los intereses de Euskadi y de su ciudadanía. Con el cumplimiento de estos acuerdos vamos poco a poco anotando hitos incluidos en el pacto de investidura. Mientras la legislatura se mantenga, ese seguirá siendo nuestro objetivo", ha señalado la portavoz del Grupo Vasco, Maribel Vaquero.

VÍCTIMAS DEL AMIANTO
En cuanto al Real Decreto por el que se regula el procedimiento de compensación económica para las víctimas del amianto aprobado también hoy, el Grupo Vasco ha anunciado que analizará los requisitos, el importe y los beneficiarios de las compensaciones para ver si cumple con las necesidades de las personas que han visto dañada su salud por la exposición a esta sustancia.

El Grupo Vasco ha recordado que lleva exigiendo al Gobierno central la implantación de esta compensación desde que en 2022 se aprobó la Ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas de amianto como consecuencia de una iniciativa legislativa del Parlamento Vasco, que defendió en el Congreso, entre otros, la parlamentaria y ahora miembro del EBB, Maitane Ipiñazar.