El Gobierno traspasa a Euskadi los trámites vinculados a las autorizaciones laborales para personas extranjeras

Será efectivo a partir del 1 de julio de 2025, y se traspasan cuatro puestos de trabajo vacantes de personal funcionario

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto de traspaso a Euskadi de los trámites vinculados a las autorizaciones laborales para personas extranjeras, de forma que "se cumple así otro de los hitos incluidos por el Grupo Vasco en el pacto de investidura", según ha informado el PNV.

El Real Decreto, cuyo procedimiento se inició a instancias del Gobierno Vasco en la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco del pasado 6 de marzo.

Recabados los pareceres favorables de los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de Política Territorial y Memoria Democrática y de Hacienda, se elaboró la correspondiente propuesta de acuerdo, que fue objeto de conformidad previa de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y adoptada por el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias, celebrado el 30 de mayo de 2025.

El traspaso incluye las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena para extranjeros, las autorizaciones para trabajos de temporada, trámites relacionados con la gestión colectiva de contrataciones en origen e informes de verificación de contratos laborales y de formaciones requeridas para obtener el arraigo sociolaboral. Será efectivo a partir del 1 de julio de 2025.

Continuarán en manos de la Administración General del Estado: la legislación aplicable en materia de autorizaciones de trabajo a los extranjeros; la negociación y celebración de instrumentos internacionales y la representación internacional del Estado; la decisión sobre la orientación de las ofertas a determinados países y la relación con las autoridades de éstos en la gestión colectiva de contrataciones en origen.

AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA
Además, el Estado seguirá gestionando las autorizaciones de residencia y trabajo que no constituyen el objeto de este traspaso, así como el establecimiento de los formatos y estándares comunes en la gestión electrónica de los procedimientos.

El Real Decreto prevé la constitución de una Comisión de Seguimiento para garantizar el traspaso y fórmulas de colaboración como el uso de aplicaciones informáticas, el intercambio de información o la suscripción de convenios y acuerdos.

Por medio de este Real Decreto, la Comunidad Autónoma del País Vasco incrementará en 129.629,14 euros el Cupo. Adicionalmente, se transfiere a la Comunidad Autónoma, por una sola vez y sin integrarse en el coste total anual a nivel estatal, la cantidad de 51.294,72 euros.

Como medios personales afectos a las funciones y servicios, se traspasan cuatro puestos de trabajo vacantes de personal funcionario: dos en Bizkaia, uno en Álava y uno en Gipuzkoa.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
En paralelo, el Consejo de Ministros también ha aprobado un Real Decreto por el que se amplían las funciones de la Administración General de Estado traspasadas al País Vasco en 2011, en materia de Función Pública Inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para el adecuado cumplimiento de las normas del orden social en materia de autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena de las personas extranjeras cuya relación laboral se desarrolle en el País Vasco, según acuerdo adoptado en la Comisión Mixta de Traspasos del pasado 30 de mayo.

El coste total anual a nivel estatal asociado a esta ampliación de funciones es de 659.000,37 euros. La ampliación de las funciones y servicios adscritos tendrá efectividad a partir del día 1 de julio de 2025.

"Nuestro trabajo en Madrid es defender los intereses de Euskadi y de su ciudadanía. Con el cumplimiento de estos acuerdos vamos poco a poco anotando hitos incluidos en el pacto de investidura. Mientras la legislatura se mantenga, ese seguirá siendo nuestro objetivo", ha señalado la portavoz del Grupo Vasco, Maribel Vaquero.

VÍCTIMAS DEL AMIANTO
En cuanto al Real Decreto por el que se regula el procedimiento de compensación económica para las víctimas del amianto aprobado también hoy, el Grupo Vasco ha anunciado que analizará los requisitos, el importe y los beneficiarios de las compensaciones para ver si cumple con las necesidades de las personas que han visto dañada su salud por la exposición a esta sustancia.

El Grupo Vasco ha recordado que lleva exigiendo al Gobierno central la implantación de esta compensación desde que en 2022 se aprobó la Ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas de amianto como consecuencia de una iniciativa legislativa del Parlamento Vasco, que defendió en el Congreso, entre otros, la parlamentaria y ahora miembro del EBB, Maitane Ipiñazar.