Sumar y sus partidos aliados recopilan una batería de medidas anticorrupción ante el caso Cerdán

Elevar penas de delitos por corrupción, limitar los aforamientos o vetar a empresas condenadas de contratos públicos, entre las medidas

Sumar y sus partidos aliados han comenzado a recopilar una batería de medidas para reclamar al PSOE de cara a desplegar un plan de regeneración, que permita superar la crisis generada por el caso de presunta corrupción del exsecretario general de los socialista Santos Cerdán.

Entre sus propuestas figuran medidas como endurecer los delitos asociados a la corrupción, limitar los aforamientos de cargos públicos, plantear una inhabilitación cautelar en subvenciones y contratos públicos de empresas salpicadas por corrupción o plantear incluso un Ministerio de Buen Gobierno y Transparencia.

Junto al reimpulso de la agenda social, otra de las condiciones que ha demandado el socio minoritario del ejecutivo para "resetear la legislatura", Sumar demanda al PSOE rearmar la confianza quebrada tras el caso Cerdán con el lanzamiento de medidas anticorrupción.

Esta agenda de regeneración, por un lado, persigue demostrar el compromiso de limpieza de la vida pública del Ejecutivo y, por otro, recomponer la confianza con los socios, que también demandan acciones contundentes en esta parcela. Aparte, Sumar y sus partidos coaligados consideran que estas iniciativas son necesarias para reactivar a un electorado progresista, tocado por este caso.

Por ejemplo, Sumar y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han puesto el foco en aprobar cuanto antes la proposición de ley para la creación de una oficina estatal de prevención contra la corrupción, avanzando que será la iniciativa que lleven al Pleno del Congreso cuando tengan cupo.

También han demandado a su socio de Gobierno emprender las reformas necesarias de cara a limitar los aforamientos, con el objetivo de que quede limitado a la protección de los cargos públicos en lo relativo a la libertad de expresión e impedir que se usen ante acusaciones de corrupción.

Unido a ello, reclaman una reforma de la ley de contratos públicos para prohibir que la administración contrate con empresas condenadas por corrupción.

IU, PENAS MÁS ALTA Y EXPROPIACIÓN DE BIENES A CORRUPTOS
A su vez, IU ha planteado un documento de 35 medidas en las que figura penas más altas a determinados delitos relacionados con corrupción, la expropiación de bienes adquiridos por tramas corruptas y prohibición de indultos ante condenas por estas prácticas irregulares.

Entre sus propuestas figura también la eliminación de la inviolabilidad del monarca recogida en la Constitución, eliminar complementos en los salarios de cargos públicos, acabar con los planes de pensiones privados para ellos y el impulso de una ley integral anticorrupción y la creación de una oficina específica para prevenirla (medida esta que registró Sumar en forma de proposición de ley hace un año).

COMUNES Y MÁS MADRID, FOCO EN LOS "CORRUPTORES"
Mientras, Más Madrid ha registrado en el Congreso una proposición de ley suscrita por sus dos diputadas, Tesh Sidi y Alda Recas, en el que se solicita incluir la inhabilitación cautelar de contratación con empresas salpicadas en tramas corruptas y su veto temporal para recibir subvenciones, unido a la prohibición expresa de optar a concursos públicos si son condenadas formalmente.

Mientras, los Comunes demandan eliminar el atenuante de dilaciones indebidas en los casos de corrupción para evitar el alargamiento interesado del procedimiento judicial, reformar los sistemas de nombramiento de todos los altos cargos de la administración para garantizar su profesionalidad o sancionar durante 20 años a las empresas y personas condenadas por corrupción para que no puedan contratar.

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA QUE NO ESTÉ EN MANOS DEL PSOE
En el caso de Iniciativa, una de las formaciones de Compromís, ha elaborado otra serie de medidas, como plantear la comparecencia del presidente en un pleno monográfico sobre la lucha contra la corrupción de manera urgente, así como una comisión de investigación sobre la trama Koldo en la que no tenga mayoría el PSOE.

Asimismo, demandan una reforma de la Constitución para introducir la transparencia como un derecho fundamental, la creación de un Ministerio de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad Pública que no sea gestionado por el PSOE y fórmulas de mestizaje (diferentes partidos) dentro de los diferentes Ministerios para aumentar el control.

Finalmente instan a la renovación de la Ley de Transparencia, creación de unidades específicas en esta parcela dentro de los ministerios y adaptar ante las nuevas circunstancias la Ley de Partidos.