Explota el caso González Amador: la jueza activa a la UCO para revisar miles de documentos clave

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha confirmado que la jueza Inmaculada Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ha solicitado el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para analizar el abundante material documental presentado en el caso que investiga a Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.

La noticia añade una nueva dimensión a una causa ya cargada de implicaciones políticas y mediáticas, en la que se investigan presuntos delitos económicos que han situado a su entorno más cercano bajo el foco judicial.

El papel de la UCO: análisis técnico y no operativo

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha asegurado este sábado que la participación de la UCO responde a una necesidad técnica derivada del volumen de documentación. Según sus declaraciones, la jueza habría requerido la intervención del cuerpo especializado en delitos económicos para “analizar” la información entregada al juzgado por la defensa de González Amador, en el marco de lo que ha calificado como una actitud de “colaboración total y lealtad a la justicia”.

Contexto judicial y avance de la causa

El caso de González Amador ha dado lugar a la apertura de una pieza separada, centrada en un presunto delito de corrupción en los negocios y administración desleal. El último auto, fechado este viernes y al que ha tenido acceso Europa Press, confirma que el proceso se encuentra en una fase de recopilación y estudio intensivo de pruebas documentales.

La documentación en cuestión habría sido remitida por el abogado del investigado y representa una parte fundamental del proceso de instrucción en curso, en el que la jueza busca esclarecer responsabilidades penales más allá del ámbito fiscal previamente conocido.

Implicaciones políticas: presión creciente sobre Ayuso

Aunque Díaz Ayuso no figura como investigada, la evolución del caso sigue generando presión política e institucional. El hecho de que el juzgado recurra a la UCO, unidad de referencia en casos de alta complejidad y corrupción, subraya la relevancia del procedimiento. Desde la oposición, ya se han elevado críticas reclamando mayor transparencia, mientras que desde el Ejecutivo regional se insiste en el respeto al proceso judicial y se minimiza cualquier lectura política del avance procesal.

La instrucción continúa, pero la intervención de la UCO podría marcar un punto de inflexión en un caso que, más allá del terreno judicial, amenaza con seguir condicionando el clima político en Madrid.