Miles de jueces y fiscales alzan la voz frente al Supremo: se avecina la mayor huelga judicial en años

La tensión entre el Gobierno y las asociaciones de jueces y fiscales ha alcanzado un nuevo clímax. Tras semanas de avisos, comunicados y actos simbólicos, el conflicto se formaliza con una huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio, y una protesta que este sábado ha reunido a cerca de 5.000 personas frente al Tribunal Supremo. Las asociaciones denuncian que las reformas impulsadas por el Ministerio de Justicia suponen un ataque frontal a la independencia judicial y al Estado de Derecho. El Ejecutivo, por su parte, mantiene que los cambios son “imprescindibles” para modernizar el sistema.

El origen del conflicto: reformas que dividen

Las cinco asociaciones convocantes —la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)— ya habían comenzado con un paro simbólico de 10 minutos el pasado 11 de junio y una concentración inicial ante el Supremo. El 17 de junio anunciaron la huelga, condicionada a que el Gobierno retirase las reformas. Una petición que el Ministerio de Justicia rechazó de forma tajante durante una reunión previa con el secretario de Estado, Manuel Olmedo.

El detonante es doble: por un lado, la reforma del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal; por otro, la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para que los fiscales asuman las investigaciones penales en lugar de los jueces de instrucción.

El Gobierno mantiene su posición: "Modernización necesaria"

El ministro Félix Bolaños ha reiterado que no dará marcha atrás. En una misiva dirigida a las asociaciones, defendió que las reformas son necesarias para actualizar estructuras que no han cambiado desde hace décadas y para preparar la justicia del siglo XXI. Además, las invitó a participar activamente en la fase de tramitación parlamentaria para proponer mejoras.

Desde el Gobierno se sostiene que la reforma busca, entre otras cosas, blindar becas, facilitar ascensos automáticos y estabilizar la situación de jueces y fiscales sustitutos, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea.

La concentración frente al Supremo: preludio de la huelga

Este sábado, las asociaciones han materializado su malestar en una manifestación multitudinaria frente al Tribunal Supremo. Según los convocantes, unas 5.000 personas participaron, de las cuales más de 1.000 eran jueces y fiscales. Durante el acto, se escucharon consignas como “independencia judicial” y críticas directas al presidente Pedro Sánchez y al ministro Bolaños.

Los organizadores han insistido en que no es una acción contra los poderes Ejecutivo o Legislativo, sino una defensa del Judicial. En el manifiesto leído se alerta de que “la existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos”.

Críticas al contenido de las reformas

Las asociaciones advierten que las reformas permitirán una posible “selección ideológica” de jueces y fiscales al eliminar contenidos esenciales y dar peso a pruebas más subjetivas. Además, rechazan la creación de un centro preparatorio de opositores dependiente del Ejecutivo, al considerarlo un canal de injerencia política.

Sobre la reforma del Ministerio Fiscal, temen un fortalecimiento excesivo del Fiscal General del Estado —nombrado por el Gobierno sin filtros—, lo que, unido al traspaso de la instrucción penal, podría erosionar la autonomía del Ministerio Público. Según las asociaciones, se reducirá la capacidad de los fiscales para oponerse a órdenes jerárquicas y se pondrá bajo su control directo a la policía judicial.

División en la carrera judicial y advertencias desde el CGPJ

La protesta no cuenta con el respaldo de las asociaciones progresistas (Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales), ni del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que considera que los jueces, como poder del Estado, no tienen derecho a la huelga. En un pleno extraordinario, el CGPJ concluyó por unanimidad que no puede reconocerse legalmente la convocatoria ni establecer servicios mínimos, aunque no prevé imponer sanciones a quienes participen.

El fiscal general del Estado también señaló que el Ministerio Público carece de competencias para fijar servicios mínimos, aunque instó a los fiscales a garantizar las actuaciones urgentes y las ya señaladas que puedan afectar derechos ciudadanos.